628.308 ecuatorianos emigraron desde el 2000

Un total de 628.308 ecuatorianos partió hacia España y Estados Unidos desde el año 2000 hasta el 2004. De ellos, más del 60% fueron llevados por sus familiares que residen en esos países. En este porcentaje se incluyen quienes viajaron a través de redes migratorias ilícitas.   

Esa fue una de las conclusiones expuestas el lunes pasado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), en el marco del foro internacional ‘Migración, transnacionalismo e identidades’.

Con su estudio, ‘Redes transnacionales y repertorios de acción migratoria’, Franklin Ramírez indicó que a raíz de la crisis bancaria de 1999 se produjo una migración masiva hacia Europa.

Explicó que a inicios de 1990, 32.000 ecuatorianos salieron del país con destino a  EE.UU. Ocho años después, en 1998, ese número se incrementó a 45.332 personas; de ellas, más del 70% fueron a España.

Ramírez recordó que en 1999 salieron del Ecuador 108.837 personas y en el 2000 esa cifra se incrementó a 158.359. 

Sin embargo, explicó que esa cantidad se redujo en los últimos cuatro años, debido al incremento de los controles migratorios, la existencia de redes de coyotes y la exigencia de visa para ingresar a España adoptada por ese país en agosto del 2003. 

Así, dijo, en el 2002, 140.937 ecuatorianos viajaron al país ibérico; en el 2003, 116.324 y de enero a octubre del 2004, 64.081 compatriotas salieron del Ecuador con ese destino.

Pero la migración causó, según Ramírez, efectos familiares, sociales, culturales y económicos. Un ejemplo de ello, dijo, es que en la actualidad en el país existen 1.180 cibercafés. De los cuales, el 42% está en Pichincha, el 24% en Guayas y el 7% en el Azuay. Sostuvo que de ese total, el 85% se creó en los últimos cuatro años.

Para el estadounidense David Kyle, de la Universidad de California, el Ecuador experimentó dos periodos migratorios relevantes.

El primero, originado desde inicios de 1970 en Cañar y Azuay, cuyo destino era Estados Unidos. El segundo, desde mediados de 1990, principalmente hacia España. 

El investigador sostuvo que la migración de los países en desarrollo corre el riesgo de convertirse en un negocio global de importación de mano de obra para actividades criminales impulsada por organizaciones ilícitas de tráfico de personas que tienen redes de coyotes en diferentes países que se encargan del traslado del migrante por un costo de entre 4.000 y 6.000 dólares.

Monto que -según indicó- es financiado por su familia durante varios años.