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La fiscal general, Diana Salazar, fue designada por el CPCCS transitorio y posesionada en el cargo por la Asamblea Nacional en abril de 2019.
El magistrado que lleva la causa por presunto peculado llamó a la audiencia para el 28 de mayo. La recusación la tramitará el juez nacional Felipe Córdova.
Los jueces nacionales Luis Rivera, Walter Macías, Byron Guillén y Fabián Racines fueron notificados por el CJ, el viernes pasado, con el cese de sus funciones.
Los vocales dejaron sin efecto el informe de investigación emitido contra la fiscal general, Diana Salazar, y otros actos resueltos para formar una veeduría.
El exvocal y expresidente del Consejo de Participación Ciudadana fue destituido por incumplir un dictamen de la CC. Estuvo por cinco meses en el cargo.
La idea de que un fallo constitucional impida revisar las actuaciones del CPCCS transitorio fue del jurista Julio César Trujillo, poco antes de fallecer.
La CC tiene la obligación de aplicar las normas constitucionales y legales, sin cálculos políticos ni electorales.
La designación como fiscal general del Estado de Diana Salazar la realizó el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio liderado por Julio César Trujillo.
El juez Leiver Quimís acogió una acción de protección interpuesta por una ciudadana. La situación ha provocado divisiones entre los vocales del CPCCS.
La veeduría se creará por orden de un juez que aceptó una acción de protección. Los interesados en participar deben cumplir cuatro requisitos.
Hay dos denuncias en contra de la fiscal Diana Salazar y el contralor Carlos Riofrío. Se creará una veeduría que vigile los decretos leyes de Guillermo Lasso.
El político dijo que si ganan las presidenciales del 2025 estarían 'cercados', porque la Corte Constitucional deroga decretos y leyes y 'gobernarían ellos'.
Este viernes a las 17:00 culmina el plazo para postularse. Se conoce de más de 90 personas que han registrado su información, pero no concretan su inscripción.
Álvaro Román presentó en la CC una acción extraordinaria de protección, asegurando que se le han vulnerado derechos, como el de seguridad jurídica.
Los cinco exintegrantes del Consejo de la Judicatura Elena Jiménez, Karina Peralta, Rodrigo Subía, Néstor Arbito y Gustavo Jalkh, fueron cesados en 2018.
Unos expertos ven abuso en la entrega de insignias, otros piden cautela para no desvalorizarlas.
Pablo Dávila recordó que esta propuesta tiene su origen en la iniciativa que fue impulsada por el fallecido Julio César Trujillo.
El recurso busca echar abajo la resolución del CNE que invalidó las firmas recogidas para convocar a una consulta popular para evitar la explotación petrolera del Yasuní ITT.
Tobogán a la anarquía
El exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Transitorio, Pablo Dávila, preside ahora el Comité por la Institucionalización Democrático.