En un momento de crisis las especulaciones se vuelven un arma peligrosa porque aumentan las tensiones; no se pueden tolerar. Tampoco se puede admitir poca claridad en las declaraciones de los funcionarios públicos, pero se valoran las aclaraciones.
Ecuador vive días complejos ante las restricciones de energía eléctrica a causa de la sequía y el estiaje. En medio de ello hay disconformidad en ciudadanos afectados en su cotidianidad y su economía, más aún cuando las planillas de consumo se incrementan. Ya se observan reclamos en las empresas de distribución.
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Pero una alarma adicional se encendió este 15 de octubre cuando la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, dijo en Radio Centro que se analizan las tarifas y se busca transparentar sus valores. Al día siguiente, el 16 de este mes, tanto ella como la secretaria de Comunicación, Irene Vélez, aclararon que “no se está revisando ni se revisará el precio de las tarifas”.
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La eliminación del subsidio es únicamente para las empresas mineras.
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La aclaración es válida y oportuna. En una situación de crisis las autoridades deben ser transparentes y precisas en sus expresiones. Es lo que exige la situación y la ciudadanía.
Los valores de los que se quejan en algunos sectores de Guayaquil serán motivo de análisis con seguridad, pues serían inexplicables en medio de cortes de energía. El esclarecimiento para estos casos también es necesario y los usuarios deben considerar el periodo de las planillas, ya que no corresponden a un mes cerrado.
Y así como se les exige a los funcionarios públicos, también es precisa una revisión de acciones particulares para no afectar más la débil economía estatal y que haya equidad para todos. Bien por quienes cumplen con sus obligaciones, pero solo en Guayaquil de enero a julio hay una deuda pendiente de $ 14′686.348,440 en facturación y en Quito la mora supera los $ 11 millones. El sector público debe cumplir con sus obligaciones y deberes, también el sector privado, para en conjunto aspirar a superar la crisis. (O)