Gran parte de las calamidades que soportan los grupos vulnerables y los sectores populares del país, por causa de desatención estatal, se debe a que los recursos públicos –que deben destinarse para proveerles servicios– en muchas ocasiones son administrados de manera deficiente o mañosa. Millones de dólares se desperdician.
La Contraloría General del Estado informó la semana pasada que el Registro Civil rechazó una oferta para la compra del sistema para la emisión de cédulas y pasaportes que habría significado un ahorro a la entidad y la optimización de recursos. Por esta decisión, la Contraloría confirmó una glosa de $ 2,3 millones.
La responsabilidad civil recae en el director general y el coordinador de asesoría jurídica de esa entidad que laboraron entre 2019 y 2020, por el contrato para adquirir el sistema de emisión de cédulas y pasaportes electrónicos.
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El monto de recursos examinados asciende a 26′950.000 dólares del contrato suscrito el 24 de octubre de 2019, y más de 13.300 dólares por pasajes y viáticos al exterior. Los funcionarios auditados tienen derecho a interponer un recurso de revisión.
En lo sustancial, el informe técnico de la Contraloría señala que no se seleccionó al proveedor más beneficioso para la institución, pues se rechazó una oferta que era económica y técnicamente más favorable, y reseña irregularidades como: estudios incompletos y presupuesto referencial sin sustento técnico y económico; se aceptaron ofertas que no cumplieron las especificaciones técnicas, ni se presentó justificación de los viajes al exterior para la suscripción del contrato, entre otras.
Más allá de la necesarísima función de controlar la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado, se deben redoblar esfuerzos para poner coto al desangre de los dineros públicos. Cada dólar como cada millón de dólares que se distraen en contrataciones cuestionadas hacen falta para salud, educación, nutrición, seguridad, desarrollo, etcétera. (O)
