El Gobierno ha vuelto sus ojos al delito de extorsión que en medio del estado de excepción no baja, a diferencia de otros como robos y asesinatos. Este 13 de marzo el régimen anunció la creación de una Fuerza de Investigación Contra la Extorsión (FICE) en territorios con mayor incidencia.
Que se busquen mecanismos de solución a los grandes males que aquejan a la sociedad es un nuevo avance positivo. Entrar a territorio donde actúa la delincuencia con certeza dará resultados, pero no se puede dejar de recordar que no bastan las operaciones tácticas si no están acompañadas del accionar de la justicia.
Solo un trabajo conjunto, claro, transparente, firme de todos los poderes del Estado llevará a un verdadero control de la delincuencia.
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Los primeros 68 días del 2024 (hasta el 8 de marzo) en la Zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón, se denunciaron 1.531 casos de extorsión, en el contexto del estado de excepción y conflicto armado interno, que rigen a nivel nacional desde el 8 y 9 de enero, respectivamente.
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Del 1 de enero al 8 de marzo del año pasado se registraron 566 denuncias por extorsión. No obstante, las autoridades creen que no hay aumento sino que quienes no denunciaron antes, por temor, ahora lo están haciendo.
En todo caso, el ingreso a territorio que planea el Gobierno con la fuerza pública ha sido una demanda de la ciudadanía que ha visto afectada su economía por la presencia de los extorsionadores. Muchos negocios han cerrado en distintas regiones y barrios y esto se podrá recuperar con la acción de control.
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La Fuerza de Investigación Contra la Extorsión trabajará coordinadamente con la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorsión, la Unidad Nacional de Investigación Antidelincuencial y la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión, según el plan del Gobierno. Toda la ciudadanía aspira a que logren los mejores resultados. (O)
