La viralidad no puede ser el objetivo. El fin debe ser mejorar la convivencia ciudadana, la productividad del país y en ese camino el bienestar general. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) clausuró una pizzería en el norte de Guayaquil por la presencia de plagas y con sus videos y tono en redes sociales levantó interés digital.
No es la primera clausura de un local por funcionamiento en condiciones de insalubridad. De hecho, los videos que comparte la entidad pública logran posicionarse con frecuencia. El desafío real es que se posicione el cumplimiento de normas para que la salud de la comunidad no sea amenazada.
Las sanciones no están dando resultado, de lo contrario, la viralidad de videos que muestran roedores, insectos y condiciones lamentables de cocinas y bodegas de restaurantes, cafeterías, panaderías y otros no sería frecuente.
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En el artículo 146 de la Ley Orgánica de Salud, literal e, consta la prohibición de procesamiento y manipulación de alimentos en condiciones no higiénicas. El 147 recalca que “la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los municipios, establecerá programas de educación sanitaria para productores, manipuladores y consumidores de alimentos, fomentando higiene, salud individual y colectiva”.
El cierre temporal de un establecimiento y el pago de multas se convierten en parches de impacto informativo si no hay un cambio cultural profundo. El control de plagas a nivel público y privado debe ser una obligación y así como se exige, por ejemplo, la revisión vehicular, el trámite anual de permisos debe estar supeditado a una supervisión exhaustiva y controles permanentes.
La sanción social con la difusión de videos será efectiva si el organismo de control revela la identidad de los locales. La medida aparenta radicalidad y riesgo de un efecto económico, pero el debate de ella es necesario por transparencia y por la protección de la salud de la ciudadanía que paga por un menú óptimo. (O)
