La institucionalidad del Ecuador transita por accidentados caminos, amenazando la seguridad jurídica y la democracia. El sombrío panorama tiene salida, aunque diversos estamentos estén aún contaminados.
La reciente formulación de cargos, el 15 de marzo, por presunta asociación ilícita descubierta por la Fiscalía General del Estado en chats de Augusto Verduga alcanza a este exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), a sus pares Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y a Nicole Bonifaz.
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Lo que ha hecho público la Fiscalía sobre el caso Liga2, que está en instrucción fiscal, evidencia vinculaciones políticas en una institución que por encargarse de la selección de las autoridades de control, sus miembros no debían tener nexos con grupos político-partidistas, sin importar la tendencia. No es correcto, independientemente de las afinidades.
El 4 de marzo de 2024, luego de los primeros allanamientos del caso Purga –la segunda parte de Metástasis–, la fiscal Diana Salazar decía: “El caso Purga es una demostración de cómo la corrupción se generaba desde las más altas esferas de la política legislativa, que ponía a su servicio y obviamente al del narcotráfico, la administración de justicia en una de las provincias más influyentes del país, Guayas, por medio de la cual economías criminales habían encontrado un vehículo de operación muy rentable para que campee la impunidad”.
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La frase involucra a las funciones Legislativa y Judicial. Además, hay sentencias ejecutoriadas contra expresidentes, exvicepresidentes, exministros. Ahora se investiga y la justicia definirá sobre los exmiembros del CPCCS.
Sin instituciones fuertes la democracia tambalea, la seguridad jurídica se vuelve una quimera y la inversión extranjera se aleja. Depurar las instituciones y enmendar las leyes privilegiando una institucionalidad potente es obligación de las autoridades. La exigencia ciudadana para no seguir lamentando la destrucción del país no es un favor, es un mandato. (O)