Las ‘40 Recomendaciones del GAFI’ (Grupo de Acción Financiera Internacional), que vieron la luz en 1990, son los estándares internacionales más reconocidos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo e incluyen medidas financieras, legales y de conducta que se sugiere aplicar a los países.
En el punto 29 se plantea que cada país tenga una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que recabe y analice la información de actividades sospechosas y otros datos relacionados, y que luego la comunique a las autoridades judiciales.
Atendiendo a esa sugerencia es que en la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, aprobada en el 2005, se crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que pasó a llamarse Unidad de Análisis Financiero (UIF) y Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) luego de reformas legales en el 2010 y el 2016.
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La institución está en el centro del debate político, porque en otras dos reformas efectuadas en este año se modificó la forma de elegir a su director.
En la Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos, que se aprobó en julio, se determinó que el director sería elegido por la Asamblea de una terna enviada por el Ejecutivo. Pero en la ley antipillos, publicada el 9 de diciembre pasado, se volvió a la fórmula original en la que dicha designación la hace el mandatario. La Corte Constitucional tramita dos acciones de inconstitucionalidad a ambas normas.
Cualquiera que sea la forma de seleccionar a esta autoridad, no se debe perder de vista lo que señala la nota explicativa del GAFI. “La UIF debe ser capaz de obtener los recursos necesarios para desempeñar sus funciones, de manera individual y habitual, libre de alguna influencia o interferencia política, gubernamental o industrial indebida que pudiera comprometer su independencia operativa”. De no observar esta recomendación, el país podría obtener una mala calificación en la próxima evaluación del GAFI y ser repudiado por la comunidad internacional. (O)
