El primer trimestre del 2024 se desarrollará la consulta popular que el presidente Daniel Noboa anunció en campaña. Según cálculos del mismo mandatario, sería entre los últimos días de febrero y los primeros de marzo. Todo dependerá de la aprobación del contenido en la Corte Constitucional y del calendario electoral que se defina.
Una consulta popular representa una inversión económica, ahora en medio de evidentes problemas financieros, pero también es parte del ejercicio democrático de un país, de incluir en las decisiones del Estado a la ciudadanía. Si ya el régimen ha optado por este camino, está obligado a que las preguntas sean de real interés e importancia para que aporten a mejorar la vida de los ecuatorianos.
La consulta del 2024 será la número 13 desde 1979, año en que la dictadura militar convocó a la población a escoger entre un texto constitucional elaborado por un grupo de juristas y académicos, y la carta magna de 1945 reformada.
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Daniel Noboa Azín anticipó que su consulta popular tendría entre 12 y 14 interrogantes sobre temas relacionados con los procedimientos y acción de las Fuerzas Armadas, con reformas al sistema judicial y con la generación de empleo y dignidad humana. También repetirá una pregunta que se incluyó el 5 de febrero pasado, para que los sufragantes vuelvan a responder si están o no de acuerdo con extraditar a quienes cometan delitos transnacionales.
Es positivo que el mandatario tenga clara la temática que llevará a las urnas y que, antes de enviar las preguntas a la Corte Constitucional, esté haciendo consultas para eludir rechazos que atrasen el proceso. Sería conveniente, también, que estas empiecen a difundirse para debate e incluso se puedan escuchar opiniones y sugerencias.
Aprovechar una consulta popular con preguntas claras y relevantes es el desafío del Gobierno en un momento en que las decisiones deben ser trascendentales y efectivas. No se puede dejar de lado la urgencia de soluciones y el hecho de que el periodo del actual régimen es de apenas 16 meses. (O)
