En el 2022 se registraron 250.277 nacidos vivos en Ecuador; en la estadística del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) se detalla que de ellos, 1.921 son hijos de niñas de entre 10 y 14 años de edad. Son niñas violadas.

Esta semana, en la provincia de Cañar, un abuelo fue sentenciado por abuso sexual a su nieta de 9 años. La pena dada fue de cinco años, aunque el Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla en el artículo 170 de siete a diez años de cárcel cuando la víctima es menor de 14 años, entre otras puntualizaciones.

Casos de abuso sexual y violaciones en niñas y adolescentes aumentan en Ambato

El artículo 171 del mismo Código habla de privación de libertad de 19 a 22 años en cualquiera de los siguientes casos: cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse; cuando se use violencia, amenaza o intimidación, o cuando la víctima sea menor de 14 años.

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En el caso de Cañar, la Fiscalía informó que la víctima fue ingresada al Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (Spavt), para velar por su integridad física, psicológica y social.

En seis meses, la Defensoría del Pueblo prevé terminar una investigación sobre violencia sexual infantil a nivel institucional en Ecuador

Muchas de las niñas violadas que se convierten en madres sufren el abandono de las autoridades, quienes no toman con suficiente seriedad los casos de violencia sexual que se multiplican en Ecuador y no todos se denuncian.

La inoperancia de la justicia y la falta de asistencia familiar convierten a las niñas y niños víctimas de violación en perjudicados dos veces.

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Un hombre que abusó sexualmente de su ahijada, en varias ocasiones, fue condenado a nueve años de cárcel

Ellos no son parte del mensaje de los candidatos a la Presidencia ni a la Asamblea, no constan en los planes de gobierno o de reformas legales, la problemática no está en los discursos. Tampoco votan.

Pocas veces los agresores son denunciados y aprehendidos. Es hora de que el abuso sexual se considere un mal que se debe atacar desde todas las funciones del Estado, que las familias estén alertas a cualquier señal que ponga en peligro a niños y niñas a quienes una violación marca para toda la vida. (O)