La COP16 convocó en Cali, Colombia, a 196 países. El encuentro terminó el sábado con malas noticias: los participantes no consiguieron aumentar hasta 200.000 millones de dólares anuales el gasto para implementar las metas fijadas en la COP15, entre ellas, proteger el 30 % del territorio y los mares del mundo.

Fueron doce días de negociaciones. La Unión Europea, Japón y Canadá no lograron ponerse de acuerdo con países en desarrollo, liderados por Brasil y el grupo africano. Los primeros se rehusaron a crear un nuevo fondo para la naturaleza. Los segundos lo reclamaron enérgicamente, alegando que los fondos existentes son inaccesibles y poco equitativos.

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Así lo reseñan notas periodísticas. Es un revés. Mientras el cambio climático avanza y se palpan desastres naturales en diversas partes del mundo, sus líderes no encuentran coincidencia para financiar lo que puede contribuir a salvar el planeta.

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En la hoja de ruta elaborada hace dos años se señaló la amenaza de la deforestación, sobreexplotación, el cambio climático y la contaminación. En todo tiene participación la actividad humana.

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Aunque el portavoz David Ainsworth asegura que la COP16 solo fue “suspendida” y se reanudará en una fecha próxima, la presidenta de la cumbre, Susana Muhamad, la dio por finalizada.

Ante la falta de acuerdos globales, la sobrevivencia obliga a los gobiernos, de manera independiente, a mantener la defensa de la naturaleza y seguir implementando programas y leyes. En Ecuador, organizaciones no gubernamentales trabajan en la limpieza de mares y este año presentaron el proyecto de Ley de Protección de Olas y Rompientes Marinas con el objetivo de proteger las rompientes del país mediante la regulación de construcciones en la costa. Otras ONG trabajan con indígenas convertidos en guardianes de la Amazonía.

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Estas y otras iniciativas deben contar con el respaldo del sector público local. Mientras se espera un acuerdo global, nadie puede cruzarse de brazos y permitir que se siga destruyendo la naturaleza. (O)