La línea de comunicación del Gobierno de que los apagones disminuirán y que en diciembre volverá la normalidad no va más. Mientras siga la prolongada sequía y no llueva en la cuenca amazónica, continuará el grave déficit de energía eléctrica.
Para tener un referente, el complejo Paute en condiciones normales funciona con un caudal de 143 metros cúbicos por segundo (m³ps), hacia el final de la semana pasada tuvo apenas uno; mientras la central de Coca Codo Sinclair que requiere 243 m³ps para alcanzar su máxima potencia, tan solo tuvo 80. Agravando el cuadro las centrales hidroeléctricas de Agoyán y Mina San Francisco tuvieron paros por exceso de sedimentos y palizadas, a la vez que un mantenimiento programado. Esto último ocurrió también con la planta termoeléctrica de Santa Elena III (322,9 MW) cuyo aporte es crucial.
La indisponibilidad de energía estuvo en 1.157 MW para un promedio de consumo en días laborales de 4.600 MW, que se reduce a 3.800 durante fines de semana; esto es, alrededor de 25 % de déficit. Sin embargo, un informe de Cenace que circuló en coincidencia con el anuncio de extensión de los cortes de 6 u 8 a 12 y 14 horas apuntó con alarma a un faltante de 41 %; un recaudo para preservar el estratégico embalse de Mazar.
En su apremio, las autoridades siguen considerando prioritario alcanzar un acuerdo de suministro con Colombia hasta por 450 MW, sea con actores privados (que sería la primera vez) o públicos, según lo habitual. Al tiempo, se retoma el interés por las barcazas cuyo alquiler es la solución más rápida. Incluso, está planteada la posibilidad de que grandes consumidores industriales entren en concierto para rentarlas bajo la figura de auto/generadores para consumo propio que ya existe; el título habilitante sería entregado enseguida.
Mientras, la contratación emergente de plantas generadoras, de compra o alquiler, cumple un ciclo de aprendizaje. Hay problemas con la firma estadounidense Progen Industries LLC a la que se adjudicó sendos contratos en agosto por 50 y 100 MW, a un costo de 149,1 millones de dólares, con plazos de entrega a 90 y 120 días. Ha solicitado prórroga alegando problemas derivados de los recientes huracanes en la Florida, pero lo cierto es que las entregas previstas para el 5 y 30 de noviembre, respectivamente, no se cumplirán (las obras civiles de instalación en El Salitral y Quevedo llevan un considerable atraso). Y entre tanto una investigación periodística da cuenta de que sus socios de contraparte local tienen problemas como contratistas incumplidos de Celec.
Más allá de lo coyuntural, el dilema de la grave crisis energética tiene que apuntar a lo estructural. El modelo del monopolio estatista ha colapsado y sobre sus escombros habrá que construir uno nuevo. En momentos que se debate la posibilidad de una reforma constitucional para permitir el retorno de una base militar extranjera o la eliminación de ese mamotreto que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿por qué no plantear aquella sobre el futuro de los sectores estratégicos de la economía abiertos, sin cortapisas, a la participación del sector privado? Sin duda, el fundamento del nuevo modelo. (O)
