Ante la instalación de una deleznable valla destacando los nombres y las fotos de los miembros de la Corte Constitucional como “ladrones de la paz”, se esperaba que los primeros beneficiarios del sistema democrático quisieran defenderlo. Es decir, toda la caterva de coidearios del partido gobernante que se volvieron ministros sin experiencia pública previa. En su lugar, se dotaron de chalecos antibalas para acompañar al presidente ecuatoriano al frente de una marcha justamente en contra de esa Corte Constitucional para dar la vuelta al mundo en una imagen vergonzosa publicada por todos los medios de comunicación posibles.
Como lo ha calificado el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estos son ataques inaceptables contra el Poder Judicial. Más aún, Volker Türk enfatizó la importancia de que las autoridades garanticen “la independencia de la Corte y la seguridad de los jueces y el personal”, no lo contrario. Ariana Tanca, ministra de la Mujer y Derechos Humanos, declaró en X que la marcha era pacífica. Claro, porque la Policía tenía instrucción de no detener a los facinerosos que no entienden la gravedad de lo que han hecho, especialmente Tanca, quien es la ministra que mejor debería entender de derechos.
En un Estado de derecho, los poderes son independientes por buena razón. Si se quiere cambiar la Constitución, se deberá encontrar la forma de hacerlo. Los miembros de la Corte Constitucional están para defender los principios constitucionales, no para ajustarse a los vaivenes políticos y personales de un gobernante. Cabe recalcar, además, que la entrega de datos por proveedores de servicios telefónicos, una de las suspensiones aprobadas por la Corte, está unida a los acercamientos de Daniel Noboa con Palantir. Esta empresa fue denunciada por el ecuatoriano Juan Sebastián Pinto después de trabajar para ella. Pinto ha afirmado que “le preocupa profundamente que un Estado autoritario pueda utilizar” el poder del software de Palantir para analizar y conectar datos.
Esto nos debe preocupar a todos si el presidente está dispuesto a exponerse y exponer a su gabinete para presionar una reforma en que nuestros datos de uso de telefonía móvil van a ir a parar a manos del Gobierno sin una orden judicial expresa para destapar un crimen en particular, como sucede en los Estados de derecho.
Este grupo ideológico que habla de libertades no percibe la ironía de que ha salido a la calle para vulnerar sus propios derechos, especialmente el de la capacidad de la Corte Constitucional de dirimir sin influencias externas sobre la libertad que implica usar tu teléfono sin que el Estado conozca cómo lo utiliza. Bajo el pretexto de la seguridad, se está buscando concentrar el poder en la Presidencia, vestida no de democracia sino de la parafernalia propia de comandos tácticos de la Policía. La paz que Tanca alega haber defendido en la marcha del 12 de agosto no es compatible con los simbolismos que promovió. Parece desconocer que la justicia no existe para favorecer a nadie, menos a quien quiere tener la razón a la fuerza. (O)
