Ecuador atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. La crisis de inseguridad golpea a diario a las familias, condiciona la vida en las ciudades y genera un miedo permanente que erosiona la convivencia. A esto se suman problemas estructurales en el sistema de salud, que no logra responder con oportunidad ni calidad, y una economía que, si bien muestra señales de crecimiento, todavía no se traduce en empleo suficiente ni en oportunidades reales para miles de ecuatorianos. El desempleo y subempleo siguen siendo una herida abierta, especialmente entre los jóvenes.
Somos un país que no ha terminado de aprovechar responsablemente sus recursos naturales (agravado por una justicia constitucional irresponsable y politizada) y que arrastra serias deficiencias en educación, la base de cualquier proyecto de desarrollo sostenible. A todo esto se añade un factor igual de dañino, aunque menos tangible: la inseguridad jurídica y la desconfianza del inversionista, que observa un entorno inestable, impredecible y altamente confrontacional. Sin inversión, no hay crecimiento sostenido; sin reglas claras, no hay futuro.
En este contexto ya difícil, hemos normalizado un ambiente de agresión permanente. Vivimos en un país donde el insulto, la descalificación y la acusación reemplazaron al argumento. Los medios de comunicación tradicionales y, sobre todo, las redes sociales se han convertido en campos de batalla. Cuentas fantasma, perfiles manipulados y verdaderos troll centers atacan sin descanso a políticos, empresarios, periodistas y ciudadanos comunes. Todos contra todos, sin límites ni responsabilidades. Somos una suerte de país de la furia, recordando al genio Gustavo Cerati.
Pretender que este fenómeno es espontáneo o ajeno a la política es una ingenuidad. No nos engañemos: todos los movimientos políticos, sin excepción, cuentan con influencers, portales pagados y estructuras digitales destinadas a defender sus intereses y destruir al adversario. Nadie es completamente inocente en esta dinámica. Y mientras seguimos atrapados en esta espiral, el país real, el que necesita soluciones urgentes, queda relegado.
En este ambiente es muy difícil avanzar. Por eso, hoy más que nunca, Ecuador necesita un gran acuerdo nacional. Un pacto básico, no ideológico, que empiece por bajar el tono de la discusión pública y elevar el nivel del debate. Un acuerdo para detener los ataques personales, para respetar a las instituciones, a las autoridades, a los empresarios y a quienes piensan distinto. Criticar es legítimo; destruir, no.
Ese pacto debería concentrarse en lo esencial: seguridad, educación, salud y respeto. Sin respeto no hay diálogo, y sin diálogo no hay soluciones. Debemos preguntarnos qué ejemplo estamos dando a las nuevas generaciones. ¿Cómo exigir jóvenes líderes y políticos con nivel, si lo que ven es violencia verbal, odio y bajeza?
Desde esta columna, invitamos a los actores políticos, medios de comunicación y referentes de opinión a un gran pacto nacional. No para callar las diferencias, sino para procesarlas con altura. Ecuador no saldrá adelante desde el ruido, sino desde la responsabilidad colectiva y madurez democrática. Solo así podremos reconstruir la confianza y pensar en el futuro. (O)
