Escribo antes del 9 de febrero, confiando en que el proceso eleccionario fluya sin inconvenientes. Si fuera así, ¿asumiremos que triunfó la democracia y vivimos en un Estado de derechos?
El Índice Global de Estado de Derecho 2024 (WJP) mide ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, respeto a derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Sobre sus resultados, N. Rodríguez y A. Montoya (Diálogo político, 17/01/25) se preguntan si es irreversible la recesión del Estado de derecho en América Latina, debilitado por el autoritarismo, erosión de derechos e incapacidad del sistema judicial. Ecuador ocupa el puesto 23/32 en el ranking regional, 97/142 en el global, con un puntaje general de 0,48.
En Riesgo político América Latina 2025, J. Sahd, D. Zovatto y D. Rojas mencionan que, para algunos analistas, el periodo podría ser el más peligroso desde el fin de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Fría. Son 10 los riesgos: 1) Inseguridad, crimen organizado y narcotráfico; 2) Corrupción estructural; 3) Nueva ola migratoria y deportaciones masivas; 4) Democracia sin delivery, avance del autoritarismo; 5) Desinformación y polarización tóxica; 6) Persistencia inflacionaria; 7) Agravamiento del cambio climático; 8) Auge del proteccionismo; 9) Irrelevancia regional; y 10) Escalada de conflictos bélicos.
El factor 4, “Democracia sin delivery, avance del autoritarismo”, remite a formas de gobierno decepcionantes: ineficiencia para proveer servicios; atajo autoritario y radical ante la inseguridad y migración; frágil cooperación hemisférica para lograr consensos frente al crimen organizado, corrupción y dictadura. Es vital, entonces, que el Gobierno incluya estrategias que ubiquen al país como actor clave para enfrentarlos.
Mi colega S. Pachano apunta en su impecable investigación Giro político y democracia en Sudamérica y Ecuador que “un tema central en el abordaje del proceso de cambio político es su alcance. La pregunta (…) es si se trata de un cambio del sistema o en el sistema, esto es, si se produjo un reemplazo total del sistema o fueron cambios en uno o varios de sus componentes”.
Ciertamente, si bien la valoración de la calidad democrática incluye el componente de elecciones libres,
son más los fundamentos que la legitiman: división de poderes, protección de derechos civiles y políticos, pesos y contrapesos. Por otro lado, la estabilidad democrática requiere no solo que se la piense, sino de una práctica cultural cimentada en principios rectores (libertad, igualdad, autogobierno), modelada por el líder y fidelizada por la ciudadanía. Subraya N. Bobbio en El futuro de la democracia que esta no puede durar sin volverse costumbre.
No es viable un Ecuador polarizado, del “borra y va de nuevo”. Sin importar si es ficción o utopía, anhelamos una democracia plena, sólida, testaruda, que nos trascienda, que no se evapore cuando faltemos quienes hoy la defendemos. Ningún régimen, observa E. Krauze (Letras Libres, 04/02/25), puede tener el monopolio de la Historia, la verdad y el bien. (O)
