Esquivo los temas políticos, y más los partidistas. Lo que voy a comentar tiene cierta incidencia política, pero es fundamentalmente jurídico. Veamos cómo sale.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal de prestigio. Creo que nadie discute su verticalidad y corrección. Como país somos reiteradamente condenados por ella por violar derechos humanos en procesos judiciales.
En ocasiones la Corte Interamericana de Derechos Humanos desnuda fallas espeluznantes, negligencias increíbles, indiferencias terribles. A cuántas personas se le ha destruido la vida a causa de un sistema carcelario con síntomas de perversidad. Así, el caso “Tibi versus Ecuador” desnudó la destrucción de la vida personal y familiar del señor Tibi; en “Guzmán Albarracín y otros versus Ecuador” se presentó el caso de una adolescente que se suicidó abusada por un directivo del colegio. Un testigo llegó a decir que los abusos eran en la oficina del rector de la institución. ¡Situación inconcebible!
En esta columna he escrito una y otra vez en el sentido de que no hay que utilizar la justicia para perseguir a nadie, que toda persecución judicial es ilegítima, que el día de mañana se vira la tortilla, etc. Sin tener vínculos con el partido del señor Rafael Correa he citado el caso de Alexis Mera, condenado a ocho años de prisión, quien interpuso un recurso de revisión y la Corte Nacional de Justicia, a través del tribunal competente, le inadmitió a trámite el recurso violando al menos dos sentencias de la Corte Constitucional, la más elocuente, la número 168-19-EP.
Justamente por las irregularidades judiciales que con cierta frecuencia se vive en el Ecuador me parece correcto que una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declara la violación de derechos humanos en un caso concreto dentro del sistema de justicia de un país se constituya en una causal del recurso de revisión. Pero solo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no las opiniones de órganos internacionales que no son tribunales de justicia. Y creo que los más interesados en la aprobación de esta específica incorporación deben ser los políticos activos; máxime ahora que, gracias al trabajo valiente de la fiscal general, Diana Salazar, se sabe de las manipulaciones al sistema de sorteos judiciales, del control de algunos acusados sobre ciertos jueces, y de tantas situaciones que se conocen por los chats publicados del caso metástasis. El mensaje nos ha llegado claro: es fácil ayudar ilegítimamente, y es fácil perseguir, también ilegítimamente. En la retroactividad de la incorporación de la causal de revisión por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tampoco estoy de acuerdo.
La justicia no debe ser botín de ningún partido. Es claro que hay una tradición de quererla dominar. Todos o casi todos la quieren dominar, pero lo niegan.
Estamos en un mejor momento. Hay decisiones y acciones correctas del Gobierno. Hay un nuevo presidente (transitorio) de la Corte Nacional. La gente ha regresado a las playas. Hay buenas administraciones. El caso del Banco del Pacífico es elocuente. Han dado resultados las duras medidas tomadas en su momento. (O)
