Decía Voltaire: “El último grado de perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia”. Y esto ha pasado con las leyes correístas, que las hicieron para apuntalarse en el poder, no para hacer de Ecuador un país mejor.
La Constitución y las leyes son la estructura fundamental de la nación. Sin leyes justas, aplicaciones justas e independientes de todo poder; que fiscales, jueces y policías no sean besamanos de narcotraficantes ni políticos; sin vocación de justicia, el Estado no existe y cualquier enemigo externo o interno se va a apoderar de la nación, como nos está pasando. Como complemento de un sistema jurídico fracasado, que propicia la impunidad, la injusticia y el conflicto, tenemos adicionalmente que la Asamblea deberá debatir reformas legales que son redactadas con supina ignorancia o con perversidad inaudita.
(...) quieren destruir el sistema de investigaciones de la Fiscalía o policiales informándose de investigaciones reservadas...
Me sumo a distinguidos juristas que han levantado su voz contra estas reformas, objetando fundamentalmente que se incluya en el recurso extraordinario de revisión del COIP el informe de organismos que no son parte del sistema penal nacional, ni menos aun son parte del proceso del que se pide revisión. El recurso de revisión doctrinariamente gira en torno a la revisión de hechos o cuestiones relacionadas exclusivamente con el proceso; y, por ejemplo, las causas son: si se comprueba que vive la persona que se creía muerta; si existen dos sentencias condenatorias sobre la misma infracción; si se ha sentenciado por documentos o testigos falsos o informes periciales errados. No se pueden violentar las normas legales con extrañas causas de revisión, solo para provocar la impunidad de funcionarios públicos que durante el correísmo y siguientes asaltaron dineros destinados al servicio del pueblo, y quieren traer candidatos prófugos también para favorecer a personas que ven en esas candidaturas medios ilícitos de enriquecerse, porque con trabajo honesto son incapaces de lograrlo.
También quieren destruir el sistema de investigaciones de la Fiscalía o policiales informándose de investigaciones reservadas, que permiten a los investigadores actuar con libertad, y que van a conocerlas dentro de la etapa de investigación fiscal. Intervenir el proceso de investigaciones que son reservadas es una reforma que pretende favorecer a delincuentes; así podrán huir, interponer recursos o cualquier otra acción legal para entorpecer las investigaciones, e inclusive amedrentar o asesinar a quienes investigan hechos ilícitos.
Los aumentos de las penas son una burla. El problema no es mayores o menores penas, porque ni las penas existentes se cumplen por ilegales acciones de protección, habeas corpus o beneficios penitenciarios en los que el SNAI es cómplice, porque siempre benefician a delincuentes con certificados de conducta excelente, cuando en la cárcel cometen toda clase de delitos. La solución es eliminar las prelibertades y reducciones de penas, en todos los delitos. Y que en las acciones de protección o habeas corpus no se ejecutorie la sentencia hasta que vaya en consulta a la corte provincial de justicia que en 24 horas resuelva. Así terminamos resoluciones corruptas y la liberación de delincuentes. Como era antes de la expedición de COIP. (O)
