En marzo, Palo Quemado, una localidad en la provincia de Cotopaxi, se encontraba en el foco de la atención pública, pues en medio de acciones para una consulta ambiental, para dar paso a una concesión minera en el sector, se dieron fuertes enfrentamientos entre los habitantes de la localidad y fuerzas policiales. Por un lado, salió el presidente Daniel Noboa a reciclar antiguos dichos como “atrasapueblos”, así arengó en una tribuna (un tufo del pasado en el nuevo Ecuador). Por el otro lado, Leonidas Iza, en su acostumbrado estilo llamó “estúpido” al presidente y se abanderó de la oposición al proyecto.
La Conaie sostiene que la realización de una consulta ambiental no es una “consulta previa libre e informada”. Esta es reconocida en la Constitución del Ecuador desde el 2008, pero al momento no existe ni ley ni reglamento para la aplicación de esta. La oposición al extractivismo, y la “consulta previa” como bandera activista ha generado significativos recursos económicos a través de ONG. Sin embargo, a pesar de ese financiamiento, la ley y reglamento, en más de 16 años no han sido elaborados.
El Estado no ha encontrado otra manera de socializar y llevar a cabo consultas con las comunidades en cuyas propiedades se prevén realizar actividades extractivas. En todos los gobiernos se repiten escenas de enfrentamientos entre comunidades, policías y militares. Me sorprendió que liberales apoyaran el accionar del Estado para la imposición del proyecto minero, apelando al “interés nacional” o a la necesidad del país de dichos recursos. Si el liberalismo “es el respeto irrestricto al proyecto de vida individual”, entonces quienes quieren permanecer en sus tierras, con su estilo de vida y su actividad económica, deberían poder hacerlo.
Según algunos liberales, no existe tal cosa como “un interés nacional”, y a la vez el liberalismo defiende al individuo de los abusos del Estado. ¿Qué más abuso que se imponga una mina en tu patio trasero, se te expropie tu propiedad, te reubiquen contra tu voluntad cambiando tu vida y tu cultura?
Del otro lado, la Conaie y los activistas no ofrecen alternativas económicas a los afectados, solo sacan réditos políticos. ¿Cómo la mayoría no va a oponerse, si no conocen otra actividad económica para su sustento, y no conocen otro estilo de vida?
El modelo de negociación debe incluir en la mesa a la comunidad afectada. Podrían proponer un modelo asociativo, donde no solo reciban un porcentaje mínimo como compensación, que muchas veces termina en casas comunales o canchas de césped sintético. Participar del total de las ganancias y tener acciones en una empresa transnacional podría ser mucho más beneficioso. Quizás proponer un programa de transferencias de conocimiento y de formación a jóvenes para que después puedan tener sus propios emprendimientos.
Para esto se necesitan organizaciones sociales que realmente piensen en otros mecanismos de negociación y asociación. De lo contrario los conflictos no cesarán. (O)
