Nuevos sobresaltos que agravan aún más nuestra accidentada política: la concesión de la jueza a cargo del recurso de protección interpuesto por la vicepresidenta de la República militar, sacuden al Ecuador, como lo hace la desaparición de cuatro niños en Guayaquil, en un operativo militar.
La jueza ha levantado las sanciones contra la vicepresidenta Verónica Abad, y en seguida ha hecho gravísimas acusaciones contra el presidente y otros funcionarios del Consejo de la Judicatura, que habrían tratado de que emita su sentencia según los términos por ellos dictados, y que están contenidos de un llamado “pen drive”, amén de amenazas como la de anular su eventual sentencia alegando error inexcusable, en la sanción de suspensión de sus funciones impuesto inconstitucional e ilegalmente por la ministra del Trabajo, lo que amerita una investigación a fondo de la Fiscalía General y la adopción de medidas draconianas como la suspensión, primero, y luego la reorganización del Consejo de la Judicatura.
La fuerza pública ha impedido a la vicepresidenta el acceder al local de la Vicepresidencia; el presidente, mediante decreto, le ha conminado a presentarse en Turquía hasta el 27 de diciembre próximo, como si se tratara de una operación militar para proteger la seguridad nacional. Es indudable que se ha perdido la serenidad con la que deben tratarse los asuntos de Estado. A esto corrobora la absurda disposición constitucional de que el vicepresidente debe desempeñar las funciones que le encargue el presidente, cualesquiera que sean. Es evidente que la intención de enviarla a Turquía es impedir que asuma la Presidencia cuando el primer mandatario, Daniel Noboa, deba pedir licencia para entrar en campaña para su reelección. A esto se sumarían las acciones contra la vicepresidenta ante el Consejo Electoral. Probablemente la vicepresidenta presentará una nueva acción de protección contra el decreto que dispone el traslado a Turquía en menos de una semana, contrariando a la Ley del Servicio Exterior.
El país se encuentra horrorizado por la desaparición de unos cuatro muchachitos, niños, luego de ser detenidos por miembros del Ejército, según las propias declaraciones del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, quien relata que una patrulla militar, al regreso de una misión a la Aduana, encontró a tres de los ahora desaparecidos, a los que se añadió un cuarto retenido por ciudadanos, robando a una mujer, los apresaron y ahora nadie sabe su paradero.
El anuncio del Gobierno de que los declararía héroes nacionales –no sabemos por qué–, solo ahonda la suposición de que están muertos. La investigación le corresponde a la Fiscalía General; cualquiera otra no será creíble.
Están en juego valores sustanciales de la República, de sus instituciones. Están en observación el sistema de justicia, antaño tan respetable; el prestigio de las Fuerzas Armadas.
El Ejecutivo tiene mucho por lo que responder. Su enfrentamiento con la Asamblea Nacional por la publicación de un proyecto de ley que ha sido suspendido por la Corte Constitucional, lo debilita también. Es hora de rectificar. (O)
