La semana pasada, el Gobierno nacional disminuyó horas de racionamiento de energía eléctrica para luego anunciar la suspensión por 10 horas diarias su suministro a la industria nacional durante por lo menos 15 días. ¿La nueva medida responde a la urgencia por sostener la popularidad del presidente, pese al perjuicio que provocaría sobre el ingreso, el consumo y el empleo? ¿Está atrapado el Gobierno en el clásico dilema entre lo urgente y lo importante?
No debiera. Este dilema debió ser advertido antes de la vigencia de la ley No Más Apagones. Contaría con opciones de manejo de la crisis de las cuales hoy carece. Evitaré repetir las medidas que se debieron implementar para paliar de manera acelerada el rezago creciente que existe entre capacidad de generación eléctrica y demanda nacional. Estas ya han sido materia de análisis y propuesta de lúcidos analistas ¿Qué era lo urgente?
Si iba a desconectar sectores específicos, el Gobierno tenía que demostrar que su selección fue resultado de una valoración objetiva de los impactos sociales y económicos a provocar, incluyendo criterios de equidad regional. Que desconecte X cantidad de megavatios de demanda luego de evaluar los impactos sociales y económicos de cada una de las diferentes combinaciones posibles de sectores y horarios a ser privados de energía que satisfagan tal reducción. La combinación que menos impactos sociales y económicos provocare sería la elegida para la cantidad de Megavatios a desconectar. Si, Dios no quiera, disminuyere aún más la capacidad de generación, habría que seleccionar, para cada escenario, combinaciones óptimas de horarios y sectores a ser privados de servicio.
En suma, la desconexión del sector industrial no parece resultar de un ejercicio riguroso de selección de alternativas objetivas y equitativas, para diferentes niveles de déficit de suministro. Esta u otra combinación resultante de la valoración recomendada tenía que ser comunicada anticipada, amplia y transparentemente. Además, el Gobierno sigue sin demostrar que ejecuta aceleradamente un plan de reducción del déficit de generación con base en sus competencias actuales, dada la urgencia.
La labor comunicacional implícita en estas ideas debe emanar de una actitud diferente ante el problema y sus soluciones, dejando de minimizar la magnitud de este y de improvisar las elecciones de corte de servicios. Que deje ver por fin su capacidad de autocrítica, así como la rapidez de respuesta mostrada en otros ámbitos de gobierno. Que base su aspiración de reelegirse en el poder sobre un manejo realista, responsable y experto de esta crisis.
En lo importante: que combatamos, aunque sea en esto, a un enemigo común. Que construyamos un nuevo acuerdo institucional. Que un Estado rector ponga reglas del juego apropiadas a la inversión y operación privadas de nuevas generadoras de energía. Que cuente con técnicos probos y expertos como base confiable para un nuevo nivel de cooperación público-privada, atractivo a la inversión y justo con el interés público. Que dependamos menos de La Providencia y más de nuestras capacidades y destrezas. (O)
