La reanudación de los apagones debido al estiaje que afecta a las centrales hidroeléctricas es señal del colapso del modelo del Sistema Nacional de Electricidad basado en el monopolio estatal. El Estado es regulador, controlador y operador en todas sus fases: generación, transmisión, distribución, comercialización y alumbrado público. La Constitución, así como la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (Lospee), consagran este andamiaje, que es obsoleto. La solución apunta a desarrollar un mercado de energía más abierto a la libre competencia donde la oferta y la demanda permitan regular precios en beneficio de los consumidores, sin depender de tarifas reguladas que esconden las ineficiencias y corruptelas del ogro burocrático.
De acuerdo con un estudio de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), el costo promedio de la tarifa en 2024 es de 9 centavos de dólar el kilovatio hora (kWh). Sin embargo, si se incluye el factor de amortización de activos de la infraestructura de red, el costo debería ser 15,1 centavos el kWh. Y, si queda este al margen, toda vez que estas inversiones deben ser asumidas por el presupuesto del Estado, el valor sería de 11,4 centavos el kWh. En el primer caso, el subsidio ascendería a $ 1.540 millones; en el segundo, a $ 592 millones. Un monto desproporcionado si se considera que la recaudación proyectada a través de las empresas distribuidoras, en 2024, es de $ 2.159 millones.
La denominada Ley Antiapagones aprobada en enero, un tímido intento de reformar la Lospee, tuvo el acierto de abrir la posibilidad de que la empresa privada participe con inversiones en todas las fases del sistema, antes limitada a la generación. Asimismo, contempla que el tarifario eléctrico debe responder a costos reales que incluyan dicha amortización de activos. Sin embargo, la misma ley prohibió que el operador nacional de electricidad, Cenace, pueda actuar como un mercado mayorista donde se puedan negociar libremente contratos de energía a mediano y largo plazo, así como ventas spot. Una lástima, porque es precisamente uno de los cambios fundamentales para apuntar a un modelo de transición que abra más espacios a la empresa privada. Permitiría ir sincerando las tarifas reguladas sin ineficiencias y el sobrecoste de los leoninos contratos colectivos de Celec, CNEL y nueve empresas distribuidoras regionales.
La contratación emergente de barcazas y unidades térmicas de generación en tierra por 1.430 MW apunta a paliar el grave déficit de energía, pero, debido a los desfases en su contratación y operación, no estarán listos a tiempo para evitar un prolongado ciclo de apagones, al menos si no llueve. Por lo demás, será inversión exclusivamente estatal que tendrá que asumirse con nuevo endeudamiento.
De ahí la importancia de darle el impulso final a la decena de proyectos de energías renovables no convencionales (eólicas, fotovoltaicas e hidroeléctricas), correspondientes al primer bloque de 800 MW, con una inversión privada de $ 1.000 millones, a fin de que su instalación no continúe postergada. Y licitar sin tardanzas el segundo bloque previsto de 1.000 MW. El apetito de invertir sigue a la espera de decisiones políticas. (O)
