En Ecuador se habla con demasiada ligereza de la “transformación digital” de los medios. Suena moderno, inevitable, hasta prometedor. Sugiere que estamos ante un simple cambio de soporte: del papel a la pantalla, del estudio al streaming, del reportero clásico al periodista multitarea. Pero esa descripción, aunque no del todo falsa, resulta peligrosamente insuficiente. Lo que está ocurriendo no es solo una transición tecnológica. Es algo más grave: el deterioro de las condiciones materiales, profesionales y éticas que permiten el trabajo periodístico. Y cuando ese deterioro se vuelve estructural, no colapsa solo una industria sino que se agrieta una pieza esencial de la democracia.
Esta semana, Fundamedios puso el dedo en esa herida con su informe Entre la intemperie y la captura. El texto no presenta la crisis de los medios como una simple mutación de soportes análogos a digitales. La plantea como una degradación simultánea de las bases que sostienen el periodismo: empleo, autonomía, seguridad, presencia territorial y confianza pública. El diagnóstico es incómodo porque desmonta dos coartadas habituales. La primera: que todo esto sería apenas el costo natural de la innovación. La segunda: que la libertad de expresión puede defenderse con discursos abstractos mientras quienes informan trabajan cada vez peor, con menos protección y más miedo.
La precariedad laboral dejó de ser una anomalía del oficio. Hoy es su paisaje habitual. Menos contratos estables, pago por pieza, más pluriempleo, menos corresponsalías, más vulnerabilidad y menos tiempo para verificar, investigar y resistir presiones. El deterioro no es solo salarial. También es profesional. Un periodista agotado, obligado a producir texto, video, redes y urgencias en cadena, tiene menos margen para contrastar, menos tiempo para salir a territorio y menos capacidad para sostener investigaciones incómodas. La precariedad no empobrece únicamente al trabajador. Empobrece al periodismo mismo.
A ese desgaste estructural se suma un entorno abiertamente hostil. Fundamedios registró 194 agresiones contra periodistas y medios en 2024 y 230 en 2025. De estas últimas, 114 fueron cometidas por agentes estatales. Es un dato que debería alarmar más de lo que alarma. En un país atravesado por la violencia criminal, el Estado no solo ha sido incapaz de garantizar protección efectiva a quienes informan, sino que además se ha consolidado como agresor directo o por omisión. La democracia ecuatoriana tiene, entre sus paradojas más sombrías, esta: mientras el crimen amenaza desde afuera, las instituciones erosionan desde adentro.
El caso de TC Televisión en enero de 2024 fue la imagen brutal de ese nuevo umbral: hombres armados irrumpiendo en vivo en un canal y convirtiendo la información en rehén. Pero el problema no termina en los episodios espectaculares. También están la censura más sutil, el hostigamiento digital, la presión judicial, las trabas al acceso a la información, los silencios administrativos y la vulnerabilidad de los medios en provincias, donde la precariedad tecnológica, la dependencia de la pauta pública y la cercanía con poderes fácticos convierten el ejercicio periodístico en una práctica todavía más riesgosa. En esos territorios no solo hay menos recursos, hay menos resguardo y más intemperie.
Y como si ese deterioro no bastara, una capa nueva de contaminación se extiende sobre el espacio público: la proliferación de pseudo-medios, páginas de propaganda y dispositivos digitales que adoptan la apariencia del periodismo sin asumir sus reglas. No informan: intoxican. No verifican: operan. Se aprovechan de una redacción exhausta, de una audiencia crispada y de una conversación pública contaminada para ocupar el espacio que deja el periodismo debilitado. El problema no es solo que mientan. Es que erosionan la frontera misma entre noticia, propaganda, operación política y agitación digital. Allí donde esa frontera se vuelve borrosa, la sociedad entera pierde capacidad de distinguir, de contrastar y de deliberar con honestidad.
Ese es el punto más serio del informe: la crisis del periodismo no debe leerse como una crisis sectorial, sino como una crisis de infraestructura democrática. Cuando el periodismo pierde suelo, la sociedad pierde ojos. Cuando las provincias pierden medios, el país se vuelve más ciego fuera de sus capitales. Cuando la propiedad de medios se reordena en la penumbra, el pluralismo se vuelve más frágil. Cuando la violencia se normaliza, la autocensura deja de ser una falla moral y se convierte en táctica de supervivencia.
Por eso la discusión no puede reducirse a la nostalgia por los viejos medios ni a la fascinación boba por la innovación. La pregunta es otra: ¿queremos seguir viviendo en un país donde informar sea una profesión cada vez menos sostenible, más riesgosa y más capturable? Defender la libertad de expresión en Ecuador exige algo más ambicioso que reaccionar ante cada agresión por separado. Exige reconstruir condiciones materiales, profesionales y éticas para que informar siga siendo posible. Porque cuando se desploma una redacción, no se derrumba solo un negocio. Se agrieta una parte del edificio democrático. (O)
