La caída de Nicolás Maduro no es solo el inicio del fin de un régimen autoritario; es también el epicentro de un debate profundo sobre el derecho internacional, el principio de no intervención y el límite moral y jurídico frente a dictaduras que se blindan mediante el control absoluto de las armas. Durante años la comunidad internacional observó cómo Venezuela se convertía en un Estado capturado por una estructura criminal, donde el Gobierno no representaba a su pueblo, sino a una organización que operaba al margen de la legalidad nacional e internacional, garantizando su permanencia mediante la fuerza de las armas.
El principio de no intervención es uno de los pilares del orden mundial. Protege la soberanía de los Estados, evita abusos geopolíticos y mantiene, al menos en teoría, un equilibrio entre potencias. Pero ese principio fue concebido para Estados funcionales, con Gobiernos que, aunque cuestionables, seguían respondiendo a estructuras legales internas. ¿Qué ocurre cuando el Estado se vacía de legitimidad y se transforma en un aparato criminal armado? ¿Puede seguir exigiéndose respeto absoluto a la soberanía cuando esa soberanía ya no reside en el pueblo, sino en una cúpula armada?
Venezuela vivía esa realidad. Igual que Cuba y Nicaragua, el pueblo carecía de herramientas reales para provocar una transición. La dictadura tenía el monopolio efectivo de la fuerza, las instituciones, el poder electoral, la Justicia, las Fuerzas Armadas y los cuerpos represivos. Hablar de una “salida interna” era, en buena medida, un gesto retórico y no una alternativa viable. Pretender que millones de ciudadanos desarmados se levanten contra un régimen militarizado es exigir sacrificios que el derecho internacional, si pretende proteger la dignidad humana, no puede ignorar.
Por ese motivo, la intervención extranjera genera polémica, pero también abre espacio a otro debate: la responsabilidad internacional frente a regímenes criminales. Estados Unidos ha sido criticado por la operación que terminó con la extracción de Maduro y su traslado para rendir cuentas ante la justicia norteamericana. Desde la ortodoxia jurídica, se cuestiona si ese acto vulnera la soberanía venezolana; pero también es cierto que Maduro no solo era un gobernante autoritario; era reconocido como cabeza de una organización delictiva internacional, involucrada en múltiples actividades criminales y violaciones sistemáticas de derechos humanos. ¿No existe también, entonces, una dimensión de justicia transnacional?
¿Ha llegado el momento de que el derecho internacional enfrente este dilema con honestidad? No se trata de abrir la puerta a intervenciones arbitrarias, sino de reconocer que hay situaciones excepcionales en las que la inacción es complicidad. En un país tomado completamente por una dictadura armada, la probabilidad de liberación interna es mínima, y cerrar los ojos en nombre de la no intervención solo perpetúa su sufrimiento. La caída de Maduro, más allá de su complejidad jurídica, obliga al mundo a replantear dónde termina la soberanía y dónde comienza el deber de proteger. Hacemos votos por el pronto retorno a la democracia en Venezuela, y que con ello llegue la tan ansiada libertad para su sufrido pueblo. (O)
