Si Ecuador hubiera conseguido desarrollar varios megaproyectos de interés público mediante inversión privada, su situación, en todo orden, sería muy distinta. El Estado no estaría quebrado, el narcoterrorismo no habría prosperado y muchas familias no continuarían migrando.
La quinta versión del Plan de Inversiones del anterior Gobierno, de septiembre 2023, no es solo un alcance del original de 2021, sino que es parecido a sus precedentes del régimen de Moreno y de las postrimerías del correísmo. Cuando la plata del segundo boom petrolero se acabó en 2015, el socialismo del siglo XXI dio un viraje de 180 grados, transformándose en neoliberal progre vergonzante. Para el efecto, aprobó la Ley de Alianzas Público-Privadas, que estableció una serie de formas de asociación que supuestamente iban a permitir que la inversión privada sustituya la escasa inversión pública. El modelo, ha sido un fracaso con contadas excepciones que confirman la regla.
Esta ausencia de inversión extranjera, principalmente, continúa siendo un lastre para el desempeño de la economía nacional, que si bien ha logrado estabilidad monetaria con la dolarización, no alcanza tasas de crecimiento que permitan un mayor bienestar a los ecuatorianos. La clave sigue estando en destrabar los proyectos relacionados a los sectores estratégicos: petróleo, minas y electricidad, a más de aquellos de infraestructura vial y de salud. A modo de ejemplo, si el país hubiera invertido lo necesario para mantener su pico de producción petrolera de 560.000 barriles de hace pocos años, seguramente existirían recursos suficientes para paliar la crisis fiscal agravada por el gigantesco subsidio a los combustibles. Debido a la creciente importación de diésel y gasolinas, la balanza petrolera en 2023 fue de apenas 700 millones de dólares. Si produjéramos 80.000 barriles más de crudo respecto a los 480.000 actuales, no estaríamos debatiendo el impacto económico de la nueva reforma tributaria.
Incrementar la producción a través de Petroecuador no es factible porque carece de los recursos económicos necesarios; esto a más de factores de ineficiencia y corrupción que comprometen su capacidad de gestión. Hay quienes no quieren aceptarlo, pero mantener al Estado como operador y a la vez regulador y controlador de los sectores estratégicos, es un modelo fracasado. La continuidad de burocratismo y estatismo solo hace al país más pobre. Razón para apelar a un paquete de reformas legales que permitan destrabar el nudo gordiano, aprovechando la visión empresarial del presidente Daniel Noboa. A la postre podría contar con una mayoría parlamentaria, sin estar condicionado por el voto correísta que seguirá defendiendo y medrando de un esquema anquilosado de poder. Ha llegado la hora de abolir el concepto constitucional de que solo excepcionalmente se permitirá la participación del sector privado en las áreas estratégicas que se ha vuelto anacrónico.
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Y no se trata de una privatización a ultranza, pero sí de procurar formas de asociatividad público-privadas mucho más expeditas que las actuales que no funcionan por ser laberínticas y discrecionales. El interés de los inversionistas existe. Todo depende de garantías mínimas de seguridad jurídica; que los proyectos sean bancables y que el retorno de la inversión, a largo plazo, incentive el riesgo. (O)
