El enfrentamiento entre gobiernos y universidades por razones políticas no ha sido inusual en América Latina, donde el arma gubernamental más poderosa ha sido normalmente el presupuesto. Sin embargo, lo que ocurre al norte del río Grande es inédito. Varias universidades estadounidenses de élite han recibido cartas en donde se exige la emisión de políticas que satisfagan a las expectativas de las autoridades. El colectivo político republicano que respalda al presidente tiene ahora una perspectiva ideológica radicalmente conservadora de lucha cultural, que hace de los centros de educación superior un campo de batalla de su visión del mundo.
El caso más notorio en los últimos días ha sido el de Harvard, una de las tres universidades más prestigiosas del planeta, a la que se le ha suspendido la entrega de 2.200 millones de dólares porque se ha negado -es su argumento- a que el gobierno le imponga políticas de contratación y de vigilancia de los contenidos académicos de sus programas y departamentos. La Universidad de Columbia en Nueva York, procesó situaciones similares, pero varias otras, entre ellas Pensilvania, Cornell, Princeton han recibido advertencias. Más de 100 instituciones de educación superior han sufrido la revocatoria de visas a estudiantes extranjeros y eso va a afectar las aplicaciones desde afuera del país. Aquello que se califica como woke, y que se expresa en políticas de acción afirmativa o discriminación positiva alrededor de las premisas de inclusión, diversidad y equidad, molesta y es otro elemento de esta contienda.
El debate intelectual, que es global y no solamente estadounidense, gira alrededor de la legitimidad de políticas públicas que intentan no solo proponer, sino imponer o prohibir, contenidos a lo que se enseña en las universidades. En América Latina el problema gira también alrededor de la calidad de la educación superior, y de la pertinencia de la investigación que se realiza en estos centros que, en la mayoría de los casos, incluyendo los de la educación privada, tiene un fuerte contenido de financiamiento público.
El éxito de la academia norteamericana radicó sobre todo a partir del siglo XX en la intersección de la investigación e innovación proveniente de las universidades, con los intereses estratégicos del Estado y las necesidades económicas de las corporaciones privadas, para lo cual la libertad de conciencia y de gestión fueron indispensables. El flujo de migrantes científicos, refugiados en las universidades, que huían de los totalitarismos europeos, y de los gobiernos autoritarios en el mundo más tarde, fue central en el desarrollo de las capacidades científicas de ese país, al igual que la recepción de innumerables y brillantes estudiantes extranjeros. Fracturar la relación gubernamental con la universidad podría lesionar tanto al gobierno, cuanto a la economía y a la sociedad en el mediano plazo.
En más de un país de América Latina contemporánea las universidades están bajo asedio: reducción de financiamiento, displicencia contra las humanidades y ciencias sociales, por ejemplo, acompañan en varios casos a políticas hostiles contra los centros de educación superior. Es innegable que esas instituciones deben mejorar y ser más eficientes, y sobre ellas son necesarias regulaciones positivas, pero estratégicamente, sin las universidades, no hay posibilidades de desarrollo. (O)
