Cuando la concesión de un servicio público termina, hay lugar a un beneficio social. En efecto, el concesionario ya cobró por años tarifas que sirvieron para la justa recuperación de su inversión y cubrir los costos de operación y mantenimiento. Llegado el final: Game Over, se debe revertir los bienes en estado impecable y la sociedad llevar las cosas a un nivel superior.
La concesión vial en el norte y este de Guayas comenzó el siglo pasado, según la Ley de Modernización, LDM, e iba a terminar en julio 2026. ¡Oh! sorpresa, hace más de un año la Prefectura decidió prolongar la concesión por 30 años más, en circunstancias en que la nueva Constitución centralizó la competencia vial en el Gobierno central y la LDM ya fue derogada.
De lo que se conoce por declaraciones del viceministro del Ministerio de Infraestructura y Transporte, MIT, esta ampliación no fue consultada ni comunicada oportunamente al MIT, y como la prefecta se ha negado a proveer la información financiera que sustenta la ampliación, ya se presentó una queja a la Contraloría General del Estado.
La versión pública de la Prefectura es que el flujo financiero de la concesión se desequilibró dizque perjudicando a los concesionarios, por lo que, según una publicación de EL UNIVERSO (14/3/26 página 9) los concesionarios “habrían recibido de la Prefectura $ 516 millones”. O sea: ¡recibieron dinero, en vez de pagar por la concesión! Y allí uno se pregunta: ¿quién quiere 30 años más de un negocio desequilibrado?
Cuando la concesión comenzó a operar, los concesionarios acordaron que una tarifa de $ 1 y $ 0,66 y crecimiento del tráfico de 2 % y 4 % anual, les aseguraría una ganancia de 18 % y 15 % anual compuesto. En la práctica, la tarifa ha sido $ 1 y el tráfico ha tenido años con crecimientos de dos dígitos. Además, toda obra “adicional” que hicieron (Ej. ampliar carriles) no ha salido de los peajes, ha sido pagada por la Prefectura por separado.
Se entiende, pues, que en el MIT digan: “tenemos la idea de que la extensión del contrato no se realizó correctamente”. A diferencia de la concesión aeroportuaria de Guayaquil, en la que el Gobierno ha actuado en forma burda y sin sustento legal válido, las autoridades del MIT han mostrado extrema mesura para enfrentar esta misteriosa ampliación. La cual se agrava por la obligación legal de los concesionarios de entregar las vías en estado impecable, cuando todos sabemos que los puentes sobre el Daule y Churute colapsaron, y, a pesar de que forman parte de las vías concesionadas, no han sido reconstruidos.
Por último, las multas por casi $ 40 millones que les puso la prefecta anterior y cuyas apelaciones por parte de los concesionarios fueron perdidas en última instancia, la nueva prefecta no las cobró y más bien se abstuvo de apelar una inverosímil acción de protección que ya no cabía. Se vienen elecciones seccionales y hemos visto mucho ajetreo político últimamente. Parece que, con su proceder, ella mismo le ha puesto un game over a su carrera política. (O)
