Qué difícil luchar contra las mafias enquistadas en el Estado, más allá de los esfuerzos y la impotencia que se evidencian, pero también la falta de decisión y firmeza para liderar procesos que rescaten la institucionalidad, tan venida a menos.
Uno de los testigos de cargo, y que periódicamente alerta al país desde la sociedad civil con sus denuncias fundamentadas, es la Comisión Nacional Anticorrupción, que ha señalado puntualmente hechos concretos, pero que poco eco han tenido en las diversas instituciones de investigación y control.
Hay dos sectores, al menos, que son vitales y que atraviesan una crisis profunda: la administración de justicia y la salud pública. No es nuevo hablar de la corrupción en la justicia, pero hoy se visibiliza aún más que antes.
Lo ocurrido con el órgano administrativo y disciplinario de la Judicatura es una muestra fehaciente de cómo se manipula la justicia, con denuncias concretas que son procesadas en el ámbito político (fiscalización en la Asamblea Nacional) y respecto de las cuales se espera diligencia en la investigación penal de la Fiscalía, como se ha evidenciado en otros casos.
El Consejo de la Judicatura saca de su puesto a un alto funcionario, luego de un escándalo público por presiones a un juez, que por sus funciones asignadas gozaba de la confianza de la autoridad. No era un simple funcionario. Quedó en evidencia por abogar y haber requerido a un juez anticorrupción que ponga atención en la exposición de la defensa de un condenado anteriormente por temas de drogas y luego por lavado de activos, como se evidencia en una grabación. Este sentenciado había gozado anteriormente de la defensa nada menos que de la esposa de la primera autoridad de la institución.
Resulta vergonzoso y audaz que el alto funcionario revele en su renuncia, sin asumir sus actuaciones, y desvíe la atención con un tema que nada tiene que ver con el escándalo, sino sobre la ejecución presupuestaria, pero nada dice ni responde sobre su presión al juez para que ponga atención a la defensa del condenado.
Lo grave del hecho, por denuncia pública de un reconocido penalista y académico, es que no sería el único caso, sino que habría más audios comprometedores de presiones a jueces en otros procesos judiciales, lo cual evidencia la corrupción en la justicia.
En el ámbito de la salud pública, que vive en medio de una crisis estructural y profunda que se arrastra por años y que va más allá de la falta de medicamentos e insumos, es una pena que se desenvuelva en medio de hechos de corrupción y la permanencia de mafias que afectan al desarrollo de las áreas hospitalarias. Igual sucede con el Seguro Social, también desde hace años, que impide avanzar en la solución de sus problemas internos y cada vez que pasa el tiempo se agudiza su situación y constituye una bomba de tiempo.
La propia vicepresidenta de la República, a quien el presidente le ha encargado la difícil tarea de conducir, coordinar y articular las políticas integrales en materia de salud pública, hace esfuerzos para mejorar la situación y limpiar la corrupción que en lo interno carcome al sector y eso afecta a su normal desenvolvimiento e impacta en los miles y miles de usuarios que tienen problemas de acceso a la atención y también a la recepción de medicamentos. (O)
