La pesadilla del narcotráfico nos agobia tanto que erróneamente la atribuimos a otras causas, como la supresión de la base militar estadounidense en Manta por mandato constitucional, ya que, según acreditados informes, mientras estuvo aquí la tasa de criminalidad aumentó, los envíos de la droga malsana se triplicaron y decenas de personas, particularmente pescadores, denunciaron abusos de derechos por los soldados de esa nacionalidad, cuya presencia volverá merced al acuerdo de su Gobierno con el nuestro, con semejante fin, bendecido por la Corte Constitucional, que no lo consideró un tratado, evitando el debate en la Asamblea Nacional.

Ya hemos visto cómo se ha aplicado abusivamente el estado de excepción declarado por el presidente Noboa, como advirtieron y han denunciado las organizaciones de derechos humanos. Él mismo ha tenido conductas atentatorias a tales derechos y alentadoras de abusos de poder. Manifestó: “Esto no lo podemos combatir de un solo lado y no es solo bala; es también en la Función Judicial. Consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a líderes identificados de estos grupos terroristas también como parte de ellos”. Es decir, los induce a calificar ligeramente las conductas que pueden ser consideradas terroristas y no promueve una investigación y sanción si corresponde, sino la bala e intimida a los funcionarios judiciales a que condenen. En este clima, los jueces del más alto tribunal de justicia ordinaria absolvieron al policía que mató por la espalda a una persona que intentó robar a otra y a su cómplice, un delito que ni siquiera fue el de extralimitación de sus funciones sino el de homicidio. Y expresó el mandatario que, si el presidente de la Conaie encabezaba un paro, se enfrentaría al Ejército.

Lo más grave es que un segmento de la población, a cuenta de combatir el crimen, aboga por quemar vivos a sus autores, lincharlos solo si roban. Barbarie contra barbarie o sospechosos de ella. ¿Cuándo y por qué perdimos la condición humana?

No se trata de no hacer nada; basta depurar la Policía Nacional, como recomendó la ONU el 2022, y acaso el estado de excepción, aunque no hayan servido los dictados en los últimos años. Bastaba acaso esa declaratoria de grave conmoción interna, conforme a la calificación, vistas las circunstancias, que había hecho la Corte Constitucional. Y solucionar las precarias condiciones de vida de los desposeídos: 50.000 pobres ha reclutado el crimen narcotraficante.

Mientras, se aprovecha de la situación para procurar un aumento tributario, infundiendo temor y falsas consecuencias si no se aprobaba, en lugar de gravar a los que más tienen; suprimir las cuantiosas condonaciones de deudas al Estado que este, con altos incentivos y subsidios periódicamente, ha dado, beneficiando especialmente a los más poderosos; y emprender en actividades económicas que la empresa privada estima exclusivas suyas.

Ni Bukele, presidente de El Salvador, ni Duterte, expresidente de Filipinas, causantes de grandes violaciones a los derechos humanos en la lucha contra el crimen, pueden ser los espejos del nuestro. (O)