El Metro en Quito ha significado para los quiteños y visitantes volver el centro histórico, apropiarnos de sus calles y admirar el patrimonio histórico. La visita nos enfrenta, sin embargo, a una Plaza de la Independencia y a un Palacio Presidencial rodeado de vallas de metal y fuertemente resguardado por militares y policías.

Corte Constitucional declara inconstitucional la movilización e intervención de la Policía y FF. AA. dispuesta en los decretos ejecutivos 229 y 230

Es la representación gráfica de los niveles de violencia que vivimos. Son imágenes que reflejan un país militarizado, que según Noboa responde a la necesidad de enfrentar un estado de guerra interno, contra organizaciones terroristas, ante las cuales no hay como ceder.

Noboa asumió la Presidencia en noviembre de 2023. Tan solo un mes y medio después de su posesión declaró estado de excepción para todo el país, Desde esa fecha nos hemos mantenido en estado de emergencia. La Corte Constitucional validó parcialmente el último decreto por no aportar información suficiente destinada a justificar la declaratoria del estado de excepción. Además, dictaminó “la inconstitucionalidad de la medida de movilización e intervención de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas” por esta causa, relacionada con el problema energético que sufre el país.

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La Corte ha señalado en varias ocasiones que los estados de excepción deben ser una medida extraordinaria, porque implica restricción de derechos de los ciudadanos como la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, libertad de tránsito, de asociación, de reunión y de información. Y, además autorización para hacer contrataciones de emergencia sin seguir los pasos establecidos en las leyes vigentes.

El país ha cedido territorio a las organizaciones criminales, pero abordar el problema solo desde la represión es un error.

Si bien el Gobierno señala que con la militarización del país se han detenido a más de 12.000 personas, capturado gran cantidad de armas y toneladas de droga, la violencia no cede. Ante tal situación, los resultados de los estados de excepción generan dudas, sobre todo porque los temas de fondo, como el creciente narcotráfico, la corrupción, la cooptación de militares, policías y funcionarios por parte del crimen organizado no se han abordado realmente.

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El país ha cedido territorio a las organizaciones criminales, pero abordar el problema solo desde la represión es un error. EE. UU. denunció en 2021 la presencia de narcogenerales. También la Contraloría realizó exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de 25 generales de la Policía y detectó indicios de responsabilidad penal en tres casos. Nada se conoce sobre estos casos.

Tampoco se sabe qué pasa en las cárceles, ni con la gestión del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). La justicia tampoco funciona tal como hemos visto en los últimos casos que investiga la Fiscalía. ¿Cuántos de los sospechosos detenidos han salido ya libres?

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Hablar de mano dura, declarar guerra interna, estados de excepción y llenar de militares el país no es suficiente para ocultar una dudosa gestión del Gobierno en asuntos de seguridad. Creer lo contrario es el escenario perfecto para los populistas, a los que la democracia les queda corta.

Todo a vista y paciencia de una ciudadanía aterrorizada por la criminalidad. (O)