Con la negativa de la Asamblea Nacional a autorizar el enjuiciamiento penal a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, solicitado por la presidenta de la Corte Nacional, por requerimiento de la fiscal general del Estado, los ciudadanos creímos que había concluido este ya este odioso enfrentamiento entre los dos primeros mandatarios del Ecuador. Pero no, el pasado lunes 17 de junio, por el Diario EL UNIVERSO, nos enteramos de que el Gobierno ha decidido continuar con el enfrentamiento.
El secretario general de la Administración, Arturo Félix, dice que esto no ha terminado, que “esto es el comienzo. La justicia creo que tampoco va a parar. La investigación seguirá” y luego dice “yo le pido al resto de personas, que debe haber más afectados, que hagan sus denuncias”, lo cual es una incitación a hacerlo. Y cuando le preguntan al secretario “entonces, ¿ella puede llegar a la Presidencia?”. Responde: Veremos. “Estas investigaciones están en camino”. Y cuando le preguntan qué escenario le queda al Gobierno frente a la decisión de la Asamblea Nacional de no autorizar el juicio penal, responde: “Darle una respuesta sobre lo que va a hacer el Gobierno en temas políticos, preferiría no meterme en esa cancha”.
Lo dicho por el secretario de la Administración le deja al país a obscuras. Tenemos una negativa de la Asamblea Nacional negando la autorización para el enjuiciamiento a la vicepresidenta, pero el Gobierno dice que hay investigaciones por delante, y se niega a precisar cuáles serán las próximas acciones.
Es de suponer que estas declaraciones son ya el objeto de muchos análisis por miembros de la Asamblea, de la Corte Nacional, de la Fiscalía General, y lo serán de los organismos de Derechos Humanos. Me parece que entre los más preocupados estarán los jueces y fiscales, porque el secretario, de cierta manera, supone que ellos tendrán que actuar, nuevamente, ante las pedidas denuncias contra la vicepresidenta.
Hay expectativa sobre la respuesta pendiente del procurador del Estado absolviendo la consulta del Gobierno sobre si el presidente Daniel Noboa debe o no pedir licencia si se presentara como candidato a
la reelección. De lo expresado por el secretario, podría inferirse que se trataría de asuntos de tiempos de campaña; no del Gobierno. De haber futuras demandas internacionales, las declaraciones del secretario serán cuidadosamente analizadas.
Una lección de lo que ocurre es la de que es un absurdo que el vicepresidente –como estúpidamente lo establece la Constitución– deba desempeñar cualquier función que le señale el presidente. Es el segundo mandatario, elegido por votación popular, y debe ser consultado previamente, y solamente con su aceptación puede ser designado para tal o cual función, o para alejarse del país.
Lo saludable sería que los dos mandatarios se toleren y colaboren en las funciones indispensables, manteniendo sus diferencias, y, si quieren, sus odios. Sería muy conveniente que alguna respetable entidad, como la Iglesia católica, buscara un entendimiento entre los dos primeros mandatarios. La opinión pública está atenta. (O)
