El martes el Gobierno nacional anunció que las gasolinas ecopaís y extra, que actualmente tienen un precio de $ 2,46 por galón, subirán 26 centavos. Una medida que entraría en vigencia en los últimos días de junio, según el ministro de Transporte, Roberto Luque.
La viceministra de Economía, Ana Avilés, añadió que el precio de $ 2,72 será inicial y podría ir cambiando cada mes en un mecanismo de estabilización de este precio o banda que no permitirá que se incremente por sobre el 5 % de manera mensual y que pueda reducirse hasta el 10 % de manera mensual -según la funcionaria-, esto con el objetivo de precautelar la economía de las familias de los incrementos abruptos del precio de la gasolina a nivel internacional.
La noticia no sorprendió porque ya se venía conversando públicamente del tema en las semanas anteriores, pero la decisión tomada no escapa del análisis de qué puede pasar en las calles tomando en cuenta lo sucedido en los dos gobiernos anteriores con los cambios de precios de gasolina. Incluso ya se han anunciado protestas por la medida actual.
Ante ello, esto es lo que piensan nuestros columnistas:
León Roldós, exvicepresidente
Hay el sector de formales e informales de ingresos bajos que se moviliza en motos y en vehículos de bajo cilindraje a los que sí va a impactarle directamente la elevación del precio de los combustibles, sector que no va a recibir compensación alguna y que ya está sufriendo el impacto de la elevación en el conjunto de precios, reflejado en el índice de precios al consumidor, que además será de crecimiento más presionado.
La convocatoria de cúpulas sindicales solo tendrá éxito si se adhieren los que no consiguen ingresos y los de bajos ingresos ante el temor de que se ahoguen más por el incremento del costo de vida.
En los levantamientos con Moreno y con Lasso, el correato alimentó la violencia, como en el caso del incendio de la Contraloría. Creo que ha bajado su capacidad de movilización.
La sola explicación de ir disminuyendo el subsidio no es suficiente ante sectores sociales que ven el dispendio y la corrupción en el gasto público.
De poderse dar un mensaje explícito y creíble, en cuanto a mejorar calidad de vida, por ejemplo en la prestación de salud en que las falencias se multiplican, en agravamiento y en riesgo de secuelas irreparables y de muerte de los que requieren atención, sería importante. (O)
Ecuador ha gastado $ 53.922 millones en subsidios entre 2010 y 2023, según cálculo del Banco Central
Alberto Dahik, exvicepresidente
El Ecuador tiene una trágica realidad: unos mitos, tabús, que son inexplicables. Entre ellos, sostener un subsidio que ha sido fundamental en hacernos más pobres, mas inequitativos, menos solidarios con los pobres.
Por ello, es difícil siempre tomar esa media, pero es absolutamente indispensable. El Ecuador no tiene otro camino que eliminar todos los subsidios a los combustibles y al gas, y focalizarlo en aquellos sectores donde realmente afecta a los más pobres. No habrá posibilidad de recuperar nuestra economía mientras esos subsidios se mantengan. (O)
Roberto Aspiazu, analista
La hora de eliminar el subsidio a las gasolinas llegó y no debe haber marcha atrás. Con un Estado quebrado, que a duras penas tiene dinero para pagar a la burocracia y la deuda pública, con poco o nada de inversión, es impresentable que se mantenga un subsidio a los combustibles, en general, que equivale al total presupuesto de salud, unos 3.200 millones de dólares.
Que se haya socializado la medida con los gremios de transporte, otorgándoles compensaciones, le quita carga al delicado tema. El Gobierno ha analizado todas las posibilidades y ha optado por una que parece la más racional; esto es, mantener un solo precio de las gasolinas y no un sistema diferenciado que se prestaría a las sinverguenzerías de siempre.
Es impúdico que el esquema de subsidios a los carburantes permita que en la provincia de El Oro se consuma el doble de Pichincha y en Zamora-Chinchipe cerca de la mitad (40 %). Denuncia que ha servido para exponer que de los oleoductos y poliductos se robó 74 millones de dólares de forma clandestina en 2023. Vergonzante e insólito que no se haya podido obrar oportunamente contra tantas mafias, por la permisividad de las autoridades de turno.
Resulta paradójico, pero por cada dólar destinado a los quintiles socioeconómicos más bajos de la población se destina 19 a aquellos del segmento medio y alto.
El ajuste de los precios de las gasolinas es un primer paso para una racionalización de precios que deberá, más adelante, incluir también al diésel. (O)
Doménica Cobo Flandoli, abogada
El reciente aumento en el precio de la gasolina extra o ecopaís en Ecuador tiene implicaciones significativas en varios sectores. Esta gasolina es utilizada principalmente por el parque automotor liviano, que incluye automóviles particulares, taxis, y buses pequeños. Sectores clave como el transporte público, el transporte privado, y pequeñas empresas y servicios dependen en gran medida de esta gasolina, que a la fecha, cuenta con un subsidio de aproximadamente el 1 % del PIB del país.
Comparado a nivel mundial, los precios de la gasolina en Ecuador han sido bajos debido a los subsidios, sin embargo, el país enfrenta desafíos económicos significativos que solo se agudizan por los altos niveles de deuda y que se suman a la crisis nacional por temas de seguridad y económica y la baja calidad de vida de la gente, por ende, la propia situación social que ya afecta a la población; sumado a un incremento en los precios de la gasolina puede exacerbar el malestar social, como se ha evidenciado previamente en los 2 paros nacionales, con resultados económicos desastrozos para los sectores productivos e industriales.
La aceptación del aumento es compleja, debido a que el ciudadano de a pie no ha evidenciado mejoras en la situación de seguridad del Ecuador con el aumento de 3 puntos del IVA, por ende, dependerá de la comunicación del Gobierno tanto con la ciudadanía como con los distintos actores políticos, sociales y medios, que se trabaje en entender las necesidades de retirar el subsidio, mientras se implementan las medidas de mitigación para apoyar a los sectores más vulnerables, dejando una premisa obligatoria de que se utilicen de manera adecuada los recursos, siendo que las consecuencias para la población si representarían un aumento en el costo de la vida. Será crucial manejar este cambio con claridad y políticas de apoyo para evitar conflictos sociales significativos y asegurar una transición más aceptada por la población, caso contrario, el ciudadano común y las empresas y emprendimientos en todos los tamaños, serán los que sufran las consecuencias una vez más del descontento. (O)
Antonio Ayoví Nazareno, analista
Sin lugar a dudas, el aumento de las gasolinas extra y ecopaís incrementará el malestar de una ciudadanía ya enfrentada a sacrificios y carencias, producto de una crisis generalizada en los ámbitos económico, social, educativo, de seguridad, sanitaria. Todo aquello sumado a la falta de empleo que empeora su calidad de vida y su salud mental.
Aunque el Gobierno señale que la eliminación del subsidio vendrá de la mano con mecanismos de compensación para controlar una subida abrupta y evitar mayor afectación a los sectores populares, será muy complicado controlar el descontento y las protestas sociales de un pueblo atrapado entre el miedo y la ira. La segura alza de los productos de la canasta básica y la especulación podría lacerar más su angustia y empujar a tantos ecuatorianos cabreados a las calles.
Existe la sensación ciudadana que el incremento al 15 % no ha resuelto lo prometido por el presidente, Daniel Noboa. Un nuevo golpe a su bolsillo encrespará los ánimos.
El escenario actual, en vez de funcionar como un bálsamo de la indignación popular retenida, puede encender la chispa de unas protestas sociales seguramente encabezadas por un movimiento indígena tratando de capitalizar de manera político-electoral el descontento de grandes sectores de la clase media y popular, mayores afectados con la eliminación de los subsidios y sus efectos colaterales; medida quizá necesaria, tal vez inoportuna. (O)
Inkarri Kowii, analista
El Gobierno del Ecuador ha anunciado la eliminación del subsidio a la gasolina (extra y ecopaís) ¿Se puede esperar un estallido como el 2019 y 2022? El actor más importante de ocasiones pasados se encuentra limitado. Leonidas Iza, durante en las últimas consultas populares no logró posicionarse como un claro vencedor, a pesar de haber definido temas como el Yasuní y minería, y frente a temas de reformas laborales y de inversión extranjera. Su figura no logró consolidarse en dichos momentos. Por otro lado, su precandidatura a la presidencia, sin duda alguna también le impone limites. A pesar de haber señalado su intención de salir a las calles, semanas atrás, no dejo de ser más que una amenaza vacía. Convocar a una movilización en tiempos electorales, dado el contexto seguramente no es una buena idea. los sindicatos convocaron en días recientes a una movilización, que no tuvo mayor repercusión. A los transportistas agremiados se les ha ofrecido una compensación, que seguramente desincentivará intentos de movilización. Por otro lado, las condiciones del país como inseguridad y crisis energética sí bien generan malestar, ha terminado por empeorar el espíritu político de la ciudadanía, y se ha impuesto una especie de letargo, y una profundización de la apatía. El malestar deberá encontrar una manera de conducirse. En el escenario político no aparece ninguna fuerza que pueda hacerlo. Recordemos además que hemos acudido a las urnas contantemente, lo cual cansa. En este escenario parece poco probable una respuesta social a la medida tomada por el Gobierno. (O)
José Sampietro Saquicela, analista
Los objetivos primordiales de los subsidios se centran en lograr el crecimiento económico, el desarrollo, la redistribución de la riqueza, la equidad, justicia social, el mejorar la asignación de los recursos estatales y la protección del medio ambiente. Hoy en día, los subsidios de la gasolina en el país no han logrado ninguno de esos objetivos, pues hasta el 2023 no ha existido la inversión social ni se ha reflejado el crecimiento económico que debe derivar de estos. También se podría decir que existe aún mayor contaminación ambiental. En el Ecuador mantener este esquema no solo posee un coste económico para el Estado, sino que tiene un coste político que pudiese ser aún mayor. No obstante, no se debe olvidar que el precio del combustible tiene el potencial de reconfigurar las relaciones económicas, políticas y sociales en todo el mundo.
En el 2023 el consumo de diésel en el país fue de cerca de 1.060,60 millones de galones, mientras que la gasolina extra y ecopaís tuvo un consumo de 1.196,32 millones, lo curioso, es que el consumo del diésel ha aumentado significativamente a lo largo de la última década (25 % aproximadamente). Esto indica que el consumo industrial, agrícola y de otros sectores migra al uso del diésel y en el hogar al GLP. Por tal motivo su alza no resultará en un problema social, considerando que los líderes de movimientos y gremios han perdido peso político y sobre todo al no afectar al sector más vulnerable como tal. (O)
Eduardo Salgado Manzano, analista
En vista que habrá compensaciones a los transportistas, no habrá mayor malestar social. El nuevo precio de la gasolina extra y eco será $ 2,72 y luego irá subiendo un 5 % mensual, bueno pero lejos del precio promedio internacional de $ 4,60/galón.
El contrabando seguirá y es una medida paliativa para tratar una enfermedad grave que es el déficit fiscal, pero no resolverá el problema de falta de liquidez en el Estado porque no ha cortado otros gastos importantes y otros subsidios cómo el del diésel. No se debería subsidiar a combustibles fósiles, esto es terrible. (O)
Alfredo Saltos Guale, analista
La elevación del precio de las gasolinas extra y ecopaís, por mínima que sea, provocará evidentemente intranquilidad social porque afectará la economía de todos, en especial de los estratos más pobres, no porque dispongan de medios de transporte que utilizan esos combustibles para su movilización, sino porque esa alza ocasionará, aunque se niegue y por ineficacia en los controles, aumentos de ciertos bienes y servicios fundamentales para el convivir nacional. Sin embargo, se mitigará en algo el impacto en la conciencia social por el hecho que significará la eliminación parcial de subsidios a los combustibles que el régimen ha demostrado ha venido beneficiando a sectores pudientes con suficiente capacidad de pago y, sobre todo, al contrabando y a organizaciones narco delictivas.
Es lamentable que no se haya procedido a aplicar similares políticas y procedimientos para establecer precios sin subsidio para el diésel donde el mal uso del producto provoca enormes pérdidas al país dado el alto costo de su producción e importación, favoreciendo también a quienes no lo requieren, provocando desequilibrios competitivos a otras actividades productivas y comerciales, mientras en todas las provincias se distribuye y circula diésel con ilegal ventaja con manifestaciones de prepotencia y desplantes de quienes lucran con ello, sin supervisión alguna, a la vista de todos los ciudadanos. (O)
Fabián Corral, analista
Siempre es posible que se generen acciones políticas interesadas en propiciar o capitalizar el malestar de la gente. Sin embargo, opino que es preciso enfrentar el tema de los subsidios que son un factor que incide directamente en el desequilibrio presupuestario, y que distraen el mejor uso de los recursos públicos.
Si los gobiernos se atienen únicamente a gobernar según el humor de la gente, o el interés de sectores económicos o políticos, el país no avanzará. (O)
María Fernanda Cobo, analista
Sincerar la economía es sensato, necesario y urgente. Para los ciudadanos con ingresos bajos y medios el aumento del precio de la gasolina puede significar un aumento de sus gastos diarios, principalmente en la movilidad, pero es importante que la ciudadanía esté consciente que los subsidios mantienen artificialmente bajos los precios de la gasolina y generan un costo fiscal insostenible para nuestro país. Dado este primer paso, el Gobierno debe asegurar que los recursos que ahorrará al eliminar este subsidio los destinará a la economía productiva para sacarla del estancamiento en el que se encuentra. Se podría aprovechar el momento para plantear una especie de “New Deal” de menor escala que, salvando las diferencias, produzca los mismos efectos que logró Roosevelt ante la Gran Depresión en EE. UU.: accionar con agilidad políticas y programas económicos y sociales focalizados en empleo, salud y educación, que permitan a la ciudadanía recuperar la confianza en la gestión de las finanzas públicas. (O)
Rosa Matilde Guerrero, analista
En un país con los niveles de desempleo y pobreza como Ecuador, es claro que debe contar con subsidios focalizados para la población más vulnerable y pobre, para que ellos paguen menos por un producto o servicio que el costo de producción de ese bien y que la diferencia sea cubierta por el Gobierno, en realidad por el resto de los usuarios. Para que este proceso no genere problemas el mecanismo de focalización debe ser transparente y ampliamente conocido por todo el público, es decir, todos los ciudadanos que aportan a la transferencia de “recursos” de ese grupo más pobre debe conocer cómo se invierte, de manera correcta y eficiente.
Hoy que las autoridades realizan un nuevo anuncio acerca de la eliminación parcial y paulatina para reducir el subsidio solamente a dos tipos de gasolina (sin topar el diésel y gas, parte de los combustibles donde se generan los mayores subsidios) y se conoce que otorgará una compensación para los taxistas, transportistas y tricimotos. Producto de lo anterior, el Gobierno ecuatoriano prevé que se generará un ingreso de alrededor de 440 millones, estos recursos que ingresen por la eliminación de este subsidio deberían depositarse en una cuenta específica o fideicomiso, que tenga como objetivo financiar el desarrollo social (educación, salud de las personas más pobres) y/o la productividad del país (carreteras). Lo anterior, debe ser comunicado adecuadamente a la ciudadanía. De esta forma, el país podría iniciar un camino más seguro de liberación de uno de los subsidios peor focalizados, mal administrados y que han generado enormes distorsiones en la gestión fiscal, por más de 50 años, tal el caso del subsidio a los combustibles. (O)
Miguel Rivadeneira Vallejo, analista
Por responsabilidad histórica con el país, el gobierno de turno debe asumir y terminar con las distorsiones con los subsidios indiscriminados y los precios de los combustibles, que por concepto deben ser temporales y no indefinidos, más aún con las distorsiones que subsisten. Lo importante es hacer pedagogía e informar de manera urgente, oportuna y permanente, que es una de las grandes debilidades de la actual administración, para concienciar a la ciudadanía sobre el desperdicio de recursos que se van por no corregir estas distorsiones, que solo benefician a los contrabandistas y a los politiqueros, que usan sus discursos para beneficio personal y de sus sectores, que se oponen a todo. Hacer entender que esos recursos son desperdiciados en favor de los más tienen en lugar de dirigirse precisamente a los sectores pobres. Al Gobierno habrá que exigirle que esos recursos vayan a lo social, educación, salud, seguridad, tan necesarios hoy. Hay que perder el miedo a esos sectores que viven de la desestabilización y el caos como protagonizaron en octubre del 2019 y junio del 2022 y hacer entender que con sus acciones perjudican a los propios sectores que dicen representar. (O)
Alfonso Reece Dousdebés, analista
Parece que llegó la hora de acabar con el subsidio de los combustibles, tuna que ha espinado las manos de los gobiernos que han intentado comérsela. A un presidente le costó el puesto este espinoso intento y a otros, como a los dos anteriores, les agrió irremediablemente sus potajes. No es una cantidad fenomenal, pero en el desbarajuste de la insolvencia fiscal todo trigo es limosna y varios han pretendido disponer de estos granitos para ver si llegan a mañana. Por su parte, organizaciones populares han hecho de la defensa de esta dádiva caballo de batalla para mantener vigente su influencia. Así, las luchas por esta piltrafa del presupuesto han costado literalmente muertos. Tal vez Noboa midió la escasa convocatoria de los colectivos urbanos y está dispuesto a dar batalla. Desde los años 90 el único sector con verdadero poder en la calle son los indígenas, pero para la ocasión el influyente líder Leonidas Iza está engolosinado con una candidatura presidencial y podría dejar pasar la medida sin incendiar el país. Entonces, cautelosamente, han considerado que el momento ha llegado y van a proceder. En el camino han pactado con el taxismo y convertirán a este sector en el único que merece el privilegio. No era políticamente necesario, tampoco los sistemas de bandas y otros truquitos que están discutiendo en lugar de abrir de una vez el mercado. Esas medias tintas serán manzanas de discordia en los próximos cincuenta años. (O)
Rebeca Villota, periodista
No tengo dudas de que el subsidio a los combustibles beneficia sobre todo a las clases media y alta. Afectará a los que se movilizan en vehículos particulares, entre otros. También favorece las actividades ilegales como el contrabando, la minería ilegal y el narcotráfico.
Eliminar este subsidio no ha sido fácil para los dos últimos gobiernos y no será tarea sencilla para el actual. Si bien la medida busca aliviar el déficit fiscal, el momento político y social hace que esta tarea sea más compleja.
El gobierno ha anunciado que ayudará económicamente a quienes se beneficiaban del subsidio. 84.000 transportistas recibirán una compensación, con el objeto de proteger a los usuarios del transporte. Con ello se evitará una elevación de las tarifas. No ha habido, sin embargo, diálogos con los sectores indígenas, por lo que Leonidas Iza, presidente de la Conaie, anunció movilizaciones.
Tras 50 años de consumir combustibles subsidiados, estos sectores consideran al subsidio como un derecho adquirido que no pueden perder, porque tener combustibles baratos les ayuda a que los productos y servicios sean accesibles para muchos de ellos que sobreviven en condiciones de pobreza.
Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, con datos del 2009 a diciembre del 2021, los indígenas son quienes enfrentan el mayor porcentaje de pobreza a nivel nacional. Datos del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica, revelan que para 2021 el 78,6 % de la población indígena vive en condiciones de pobreza, sobreviviendo con menos de USD 48,24 per cápita al mes. Cuatro de cada 10 niños indígenas sufren desnutrición crónica infantil.
El temor de que esta situación se agudice no es menor. 500 millones estima el gobierno ahorrar con la eliminación de los subsidios. Es imperante que el ahorro generado sea destinado a solucionar las condiciones de vida de la población indígena. El país no resiste un nuevo estallido social en medio de la crisis de seguridad y energética que sufrimos. (O)
Fernando Navia Gallardo, analista
Es poco probable que ocurra, de inmediato, una fuerte reacción social contra el incremento de 26 centavos por galón en el precio de estas gasolinas y el cambio anunciado en el modelo de fijación de precios, por varias razones.
Primero, el incremento planteado representa el 11 % del valor actual del galón de gasolina, lo cual podría ser manejable para el consumidor, mientras que la política de ajustes mensuales ya fue aceptada antes. Segundo, el pago de compensación propuesto se canalizaría a través de los taxistas, cuya capacidad de movilización, especialmente en Quito, es reconocida. Tercero, no se toca el subsidio al diésel, donde se concentra el mayor gasto fiscal por subsidios a los combustibles (casi 50 %), y en cuyos beneficiarios está la mayor capacidad de reacción popular.
Por otra parte, la medida se toma en un momento de alta fragmentación de los actores políticos de oposición al Gobierno. Ellos saben que las consecuencias políticas de movilizaciones anteriores hacia Quito no favorecieron a los políticos que las apoyaron. Si bien aquellas le dieron reconocimiento nacional al señor Iza, le generaron un techo bajo a sus posibilidades de aceptación nacional.
En todo caso, para minimizar las posibilidades de reacción es indispensable que el gobierno aumente drásticamente su capacidad de ejecución de inversión pública y que adopte un sistema de focalización del subsidio que beneficie directamente a los consumidores y no a los agentes de transporte. Sin estos dos cambios, el modelo planteado está llamado a ser “pan para hoy, hambre para mañana”.
Gustavo Cortez Galecio, periodista y analista
Últimamente, en Carondelet las crisis revientan como olla de canguil. Si no por avances de opositores, como aquel hueso duro de roer en que se ha convertido la propia vicepresidenta a la que no se le quiere dejar ni por un minuto el poder; surgen también por novatadas del mandatario que creyó que al dialogar con un ranqueado periodista internacional, lo hacía con un amigo que le cuida la espalda.
También hay las crisis provocadas directamente desde el despacho presidencial, en lo económico, como el vigente IVA del 15% (antes era el 12%) y que ha sido aceptado a regañadientes por sectores como el de los restaurantes. Y ahora el mandatario y su equipo parecen no haber reparado en que la frase “quitar subsidios” fue el detonante para la caída de varios gobiernos entre fines del siglo 20 e inicios del 21, y anunció semanas atrás sin filtro que lo haría con las gasolinas extra y la eco. Y acaba de hacerlo, con tono más moderado, y esquema gradual. Si, las gasolinas de los taxistas, motociclistas, mototaxistas y de vehículos de gama media y baja que son la gran mayoría en Ecuador, y entrarán en la misma dinámica de alzas mensuales que gobiernos anteriores pusieron a la gasolina súper, la de menor consumo, “la de los ricos”, con mínimos efectos. El presidente Noboa ha tomado ese riesgoso camino sin duda abrazado al parecer de su aún alto nivel de popularidad. Habrá que ver si ese escudo funciona. (O)
Ricardo Tello Carrión, periodista y analista
Excepto lo que crece en huerta propia, todo lo demás –frutas, hortalizas, mariscos, carne, granos, cebada, yucas, artículos de limpieza, dulces o golosinas…- llega a casa a bordo de un transporte movido por algún tipo de combustible. Aun si llega a bordo del coche familiar, desde alguna feria semanal o mercado próximo.
Tratar de negar el impacto que tendría una eventual alza del precio de los combustibles sobre el costo de la vida, no tiene sustento técnico. Incluso si el Gobierno lograre implementar un sistema –a todas luces demagógico- para depositar en las cuentas de los transportistas del país una compensación, la inflación estará presente al final de cada mes. Es ley.
El problema no viene solo por el alza en los productos básicos, sino por todo el sistema de movilidad en el país: en Azuay, por ejemplo, avanzan los estudios para fijar un nuevo costo de la transportación pública urbana. Es solo cuestión de tiempo para que, por conveniencia económica, los transportistas se vayan por sobre la advertencia gubernamental de que, si elevan los costos de los pasajes pierden el sistema de compensación: apostarán siempre por lo seguro pues en más de una vez han sido timados con ofertas similares.
Inevitable como la resaca luego del paso de la ola, cualquier tipo de incremento en los combustibles se reflejará en el plato de lentejas, el texto escolar, o las planeadas vacaciones anuales de una familia de clase media bendecida por tener al menos un trabajo estable. O, tal vez el FMI deba seguir esperando. (O)
Miguel Hernández Terán, analista y constitucionalista
Los subsidios son una forma de compensar la imposibilidad que tienen las personas más pobres de la sociedad para acceder a ciertos bienes y servicios que a la población más solvente sí le es posible acceder. De lo anterior se colige una obvia consecuencia: los subsidios no pueden beneficiar a todos los sectores de la sociedad. Hacerlo es quebrantar su misión. Pues bien, en Ecuador ha pasado lo contario de lo que debería suceder: el subsidio a los combustibles ha beneficiado a “Raymundo y todo el mundo”, rompiendo el principio del adecuado direccionamiento de los subsidios. El gobierno ha hecho lo correcto cuando ha resuelto eliminar el subsidio a las gasolinas más baratas. Creo que la sociedad en su conjunto ha adquirido bastante consciencia sobre la necesidad de romper la aberración indicada y ha asimilado bastante bien la situación, al punto que el sector de la transportación ha dado al gobierno un inicial voto de confianza sobre el mecanismo de compensación a recibir. Parecía difícil que esto suceda, pero efectivamente ha sucedido. Desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto estimo que también hay serenidad sobre este campo. Nunca faltarán los de siempre: los enemigos de vivir la realidad en el campo económico, los amigos de las movilizaciones, de la protesta callejera, etc, a quienes hay que enfrentar con la ley en la mano. La demagogia se practica no solo por algunos políticos. También hay vendedores de fantasía en algunos gremios, en aspirantes a políticos, en quienes quieren congraciarse con algunos líderes políticos. El interés general debe prevalecer sobre el interés particular, respetando, por supuesto, todos los derechos ciudadanos. La mejor receta para solucionar los problemas es enfrentarlos. Creo que la paz social no se verá alterada por la eliminación de los subsidios a las gasolinas más baratas. (O)
Juan Morales Ordóñez, abogado
La eliminación de los subsidios a las gasolinas es una decisión esperada por una parte de la sociedad ecuatoriana y también rechazada por grupos ciudadanos organizados, que tradicionalmente, cuando se intentó implementar esta decisión se opusieron causando serias dificultades al gobierno que lo intentó y a la convivencia social.
Es necesario que el Gobierno dialogue de forma seria y permanente con los sectores sociales con el fin de que las razones del Ejecutivo para esta decisión puedan ser asumidas por los grupos organizados y por todos. Para que esa posibilidad sea verosímil, el Gobierno debe evidenciar cumplimiento cabal de sus compromisos previos y su afán de servicio a la colectividad. Los acuerdos a los que se llegue con diferentes grupos de ciudadanos son necesarios pero insuficientes, porque en ese proceso se cede y concede con el objetivo de que la medida pase, sin embargo, el escenario de carencia y precariedad se mantendrá.
El diálogo, entonces, debería posicionar a la eliminación de los subsidios, como un mecanismo para el mejoramiento de situaciones sociales concretas -claramente definidas- a través de la asignación formal de los recursos que provengan de esa medida a esas iniciativas que deben formar parte del diálogo y de los acuerdos. (O)
Katia Murrieta, abogada
No olvidemos que la eliminación de los subsidios a los combustibles ($ 13.400 millones en los últimos 14 años) ha sido siempre un tabú para los gobernantes, a pesar de la evidente necesidad de hacerlo, porque estos no benefician a los que menos tienen, sino al revés, considerando, además que la fuga hacia nuestros países vecinos es un “negocio” estimado en $ 200 millones anuales. Tanto así que el expresidente Moreno tuvo que retroceder en su intención y derogar el decreto que los eliminaba ante la amenaza de las organizaciones sociales, las indígenas entre ellas, que son las que se oponen a estas importantes decisiones, habiéndole costado al país muertos, heridos y millonarias pérdidas por la violencia expresada en las calles.
El Gobierno ha asegurado adoptar medidas de protección para las capas sociales más deprimidas y desde ya contempla compensaciones para los taxistas y sectores de tricimotos y mototaxis. Sin embargo, el resto de la población va a resentir el alza del valor de los combustibles en el resto de la economía, porque el incremento de los precios se va a dar en los productos de primera necesidad debido a la especulación que, sin duda, se hará en los mercados.
Todo ello, agregado al clima de inseguridad y violencia que seguimos viviendo en el Ecuador, hará que, posiblemente, se manifieste un malestar, aupado por aquellos que no van a permitir que se les quite tremendo “negocio” y por los políticos contrarios al Gobierno que se aprovecharán de la coyuntura para azuzar a las masas.
Adrián Pérez Salazar, abogado
El subsidio a los combustibles es, por mucho, el gasto más aparatoso e ineficiente del Estado. No solamente beneficia desproporcionadamente a quienes tienen más ingresos, sino que tiene un impacto ambiental negativo. Que defender este subsidio se haya convertido en la bandera política de la Conaie, autoproclamado movimiento de “izquierda” y “ambientalista”, es una de las paradojas mas curiosas de la política ecuatoriana.
Dicho eso, reducir este subsidio probablemente sí aumentará el malestar social, al menos a corto plazo. Para quienes somos dueños de un vehículo, la gasolina es uno de los gastos mensuales que más se sienten en el bolsillo. Este aumento de precios viene a pocos meses del aumento del IVA al 15 %, el cual tampoco fue una medida popular. El gobierno de Daniel Noboa goza aún de un alto índice de aceptación gracias a su percibida “mano dura” en contra de la delincuencia, pero en ese país la opinión pública es volátil, por lo que jugadas como esta tienen que ser calculadas con mucho cuidado.
El propósito de eliminar los subsidios es poder utilizar esos recursos para financiar la salud, educación, seguridad e infraestructura de nuestro país. En consecuencia, Noboa podrá conseguir la progresiva eliminación del subsidio a los combustibles si esta viene de la mano de visibles acciones que mejoren la vida de todos los ecuatorianos. (O)
