La educación financiera (EF) forma parte de uno de los cuatro pilares de la inclusión financiera (IF, que comprende uso, acceso, EF y protección al consumidor), en conjunto trabajan para mejorar la vida de los usuarios financieros. La EF es una herramienta que desarrolla el conocimiento de productos y servicios financieros, genera habilidades para la selección de estos, conforme a las necesidades de los usuarios, para que puedan tomar decisiones informadas. La EF conjuga conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos, construyendo una toma de decisiones financieras acertadas, evitando fraudes, favoreciendo el uso seguro de productos, servicios, canales digitales e incorporando nuevas tecnologías.
En Ecuador, el impacto positivo de la EF e IF en el bienestar del individuo ha sido planteado en las Estrategias de Inclusión Financiera (ENIF) y Estrategias de Educación Financiera (ENEF) 2020–2024, liderada por el Banco Central del Ecuador (BCE) y elaborada juntamente con las autoridades de supervisión, que a esa fecha no fue aprobada por la Junta Financiera, por lo que en el año 2023 la nueva Junta las actualizó y aprobó con Resolución n.º JPRF-P-2023-080 (ENIF-ENEF 2023-2027). Los cinco ejes de política de la ENIF son: (I) puntos de acceso e infraestructura de pagos; (II) oferta de productos básicos y servicios financieros digitales; (III) financiamiento de las mipymes e infraestructura de crédito; (IV) protección al consumidor; (V) educación financiera. Y los tres elementos transversales son: (I) compromiso de los sectores público y privado; (II) marco regulatorio favorable para expandir la inclusión financiera; (III) infraestructura del sistema financiero y conectividad.
Sin embargo, la Asamblea Nacional aprobó el pasado 15/04/2026 un proyecto de Ley Orgánica de Educación Financiera, haciendo referencia a las buenas prácticas internacionales. En lo sustancial la citada Ley establece que las escuelas, colegios y universidades de forma obligada implementarán progresivamente la EF, incluyendo procesos de fraudes electrónicos, uso seguro de plataformas digitales, protección de datos personales, IA (inteligencia artificial), etc., a la vez incluye en procesos de EF al resto de la población (ahorristas, comunidades). Y delega la autoridad al Ministerio de Educación, Senescyt y a la Junta de Política Financiera y Monetaria.
Por lo tanto, cabe cuestionarse: ¿En Ecuador han faltado leyes, normas, estrategias y planes sobre EF y/o una sólida institucionalidad del sector financiero, como lo señalaba el Financial Sector Assessment (FMI, 2023), que implemente dicho instrumento, de acuerdo con las necesidades y particularidades de cada grupo poblacional, en las escuelas, colegios y universidades, así como en el resto de la población?
Las lecciones aprendidas y mejores prácticas demuestran que lo más difícil en procesos de cambio son las fases de implementación, por lo cual los programas de EF no pueden solo trasladar información y conocimiento, sino que, ante todo, deben provocar cambios en el comportamiento para la toma de decisiones adecuadas, que capten las diferencias de los grupos objetivos (contextos sociales, comportamientos, género, edades, etc.). (O)
