Luego de la dura lid electoral que culminó con la indiscutible victoria del presidente reelecto, se le avecina una batalla tan dura o más que la propia campaña. Se trata de las conversaciones a entablar, que él debería liderar, con el gobierno norteamericano para revisar el alza del 10 % para los bienes que crucen su frontera, teniendo que hacerlo en el plazo de 90 días, determinado como periodo de suspensión. Dicha elevación correría también para los ítems que tenían nivel cero, donde se ubican algunos productos agrícolas. El gobierno cuenta con una guía que se extrae del análisis realizado por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) en Washington, que de entrada calificó de altos los impuestos que pagan algunas de sus mercancías para cruzar nuestras fronteras.
La parte ecuatoriana debe satisfacer algunos aspectos que van más allá de las tarifas, pues comprenden temas políticos, aduaneros, restricciones de diversa índole, calificadas como desleales al libre comercio, como los precios mínimos y las franjas de precios de los productos agrícolas, que son compromisos de muchos años asumidos por Ecuador en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), justificados por ser correcciones a distorsiones comprobadas del mercado internacional.
También se puntualiza como nota discordante que el país no es parte signataria del GPA de la OMC, que es un acuerdo entre naciones para combatir la corrupción y transparentar las compras estatales, a lo que se suma la inexistencia de tratados bilaterales de inversión y el cobro de impuesto a la salida de divisas, que molestan a los inversionistas, aspectos que son de complicada negociación con un gobierno que ha resuelto cerrar su territorio, en un exagerado afán proteccionista. De su lado, las autoridades ecuatorianas se apresuraron en dar una señal en sentido contrario al reducir temporalmente, sin que se lo pidan, los impuestos a la importación de vehículos procedentes de Estados Unidos, que expertos califican como una medida apresurada porque debió integrar el conjunto de la negociación.
La oficina comercial de EE. UU. mantiene su cuestionamiento a supuestos subsidios a la industria camaronera y a las ventas del exquisito camarón por debajo de sus costos reales o dumping. Además, señalan la prohibición impuesta por los oficiales ecuatorianos para el ingreso de productos conteniendo “terbufos” (compuestos químicos organofosforados) de vetada utilización en buena parte del mundo, lo cual es una exigencia inaceptable porque atenta contra la preservación de la salud humana y ambiental.
Es insostenible que EE. UU. aplique gravámenes a frutas tropicales que no cultivan, como banano, plátano, mango y pitahaya, que no perjudican a su industria, pero si reducen el consumo, tendría una significativa baja en banano, estimada por la Asociación Bananera de Norteamérica (BANA) en 250 millones de dólares anuales. Las autoridades gubernamentales deberán rodearse de asesores experimentados sin que falten los técnicos agropecuarios en rubros trascendentales que contienen particularidades desconocidas, que se convierten en virtualidades por ser ecuatoriales. (O)
