Mientras se lucha sin cuartel contra quienes depredan el país en la explotación irracional de los minerales, se espera diligencia en las acciones del Gobierno para facilitar el avance de proyectos formales que han dado réditos económicos, sociales, laborales, fundamentalmente el pago de impuestos y el desarrollo de las comunidades, aunque sea aún insuficiente. Si no se ocupan los territorios en apoyo al sector formal, lo harán los informales, con las consecuencias conocidas de destrucción del medioambiente.
Debe partirse de la premisa de la exigencia rigurosa del cumplimiento de proyectos que sean sustentables, sostenibles y que causen el menor daño al medioambiente, que resulta complejo, porque no se puede negar la afectación, aunque debiera ser el menor impacto posible, con el permanente control del Estado.
Así funcionan otros países (Canadá o Chile, por ejemplo) que han tenido éxito en la extracción de minerales a gran escala y a cielo abierto, que le han dejado grandes réditos económicos, que redundan en el desarrollo económico y social interno.
En Ecuador hay enormes potencialidades de oro, plata, cobre y otros minerales, hoy que la explotación petrolera está en crisis y en declive por las deficiencias en la producción e inestabilidad administrativa permanente en la entidad estatal. También existen enormes necesidades económicas para atender las demandas sociales y de desarrollo, que pueden paliar en parte el desarrollo minero.
De dónde se pueden sacar recursos y más ingresos si existe escasez y un enorme peso en los gastos corriente y de inversión, más aún cuando hay sectores claramente identificados que se oponen siempre a la explotación formal, pero nada dicen ni hacen contra quienes están depredando el país y explotando de manera irracional y sacando jugosas ganancias de manera ilegal.
También se requiere agilidad en las tareas burocráticas para facilitar proyectos aprobados, en marcha, que dejan grandes recursos en el pago de impuestos, y que necesitan el visto bueno final luego de contar con los permisos ambientales, como es el caso del proyecto Mirador Norte (cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe), que está listo para su explotación y se espera la buena voluntad para su autorización en el Ministerio de Energía y Ambiente.
Las autoridades del ministerio debieran ser diligentes y visitar para verificar y supervisar in situ los trabajos que se realizan, como los procesos de depósitos de relaves, con sistema aguas abajo, a diferencia de otros países como en Brasil que generaron críticas y oposición por hacer diferente.
Las empresas mineras formales que trabajan en proyectos exitosos en Zamora, el caso de Ecuacorriente y Lundin Gold, han pagado ingentes recursos en impuestos, que pasan del SRI a la caja fiscal y no retornan para la ejecución de más obras locales como es la aspiración de las comunidades. Al punto que el pequeño cantón de El Pangui figura como el quinto gobierno autónomo descentralizado que recauda impuestos a nivel nacional, después de Quito, Guayaquil, Cuenca, Durán y por encima de Samborondón, Machala, Portoviejo, Manta, Ambato, Esmeraldas y el resto de ciudades. (O)
