Como reseña el portal Primicias, desde 1979 hasta 2025, los ecuatorianos han sido convocados a decidir sobre 80 temas. Solo Rafael Correa, Lenín Moreno y Alfredo Palacio obtuvieron la aprobación de todas sus propuestas. El resto de los presidentes, incluyendo a Daniel Noboa, ha tenido triunfos parciales (de quince preguntas en dos consultas, ha ganado en nueve) o ha perdido todas las preguntas consultadas, como fue el caso de Guillermo Lasso.
En este sentido, el Ecuador no ha sido ajeno a esta práctica de democracia directa cuando ha querido que el pueblo se pronuncie sobre temas trascendentes, como dejar de explotar el Yasuní o aceptar o rechazar la extradición.
Y si bien esta práctica puede tener la inconformidad de ciertos sectores que consideran que el dinero que se utiliza para impulsar este tipo de procesos puede servir para cubrir necesidades básicas insatisfechas de los ecuatorianos, lo cierto es que no es ajena a Suiza, por ejemplo, donde existen varios tipos de instrumentos de la democracia directa como son el referéndum obligatorio o facultativo.
El primero consiste en verificar si el Gobierno y el Parlamento quieren cambiar la Constitución o adherirse a organizaciones internacionales, como la Unión Europea o la OTAN, y el referéndum facultativo, en cambio, es un freno que impulsa la propia ciudadanía sobre una ley ya aprobada. Si el Gobierno y el Parlamento han aprobado una ley, una persona o varias personas pueden convocar un referéndum en contra de ella, recogiendo al menos 50.000 firmas válidas en un plazo de 100 días.
Lo sorprendente de este país es que los ciudadanos suizos son al menos consultados por el Gobierno o por iniciativa propia no menos de tres o cuatro veces al año para decidir temas de su interés. Así entienden ellos su democracia, que, además, se rige de forma federal y con mucho éxito, a pesar de ser un país de 41.285 km²² de extensión y no más de 9 millones de habitantes.
De ahí que no se pueda criticar la consulta que acaba de perder el presidente Noboa. Estos ejercicios democráticos siempre son bienvenidos, toda vez que permiten a los ecuatorianos expresarse sobre temas trascendentales. El no permitir la instalación de bases militares o negar la posibilidad de que se instale una nueva asamblea constituyente no deben entenderse per se como un rechazo a la gestión gubernamental (aunque sí hay algo de eso), sino al temor fundado de una agenda guerrerista y contra el medioambiente (narrativa del no), o de un cheque en blanco (la asamblea constituyente), del que podía salir cualquier cosa.
En última instancia, el desafío que enfrenta el Gobierno es claro: debe seguir liderando con firmeza, utilizando las herramientas constitucionales y legales que tiene a su disposición y que han demostrado ser efectivas en la lucha contra la criminalidad y en la extradición de sus cabecillas. Sin embargo, no podemos olvidar que en el corazón de toda decisión política está la voz del pueblo. Como bien nos recuerda Rousseau en El contrato social: “El pueblo es el soberano; la voluntad general es la única fuente de toda ley”. (O)
