Los aranceles mutuos del 30 % vigentes entre Ecuador y Colombia reflejan un conflicto de alto perfil político pero de impacto económico acotado y sectorial. Salvo excepciones, la vulnerabilidad se concentra en productos específicos que colocan excedentes en el mercado vecino. La estrategia ecuatoriana, condicionada por la agenda de seguridad y su alineación con Washington, prioriza la presión política sobre la fluidez comercial. Por el alto intercambio fronterizo, la medida distorsiona flujos logísticos y encarece insumos para industrias ecuatorianas puntuales.
Para el sector arrocero ecuatoriano, Colombia es un mercado regulador de excedentes. Ecuador produce anualmente unos $ 820 millones en arroz, de los cuales $ 50 millones (el 6,1 %) se destinan al mercado colombiano. Al 27 de enero, la urgencia de los exportadores por despachar inventarios antes del 31 de enero ha causado mayor demanda y precios firmes en las piladoras de la cuenca del Guayas. Si bien no se prevé una crisis inmediata de precios por la eventual pérdida de este canal de salida, los mayores inventarios presionarán el precio a la baja, especialmente si futuras cosechas superan la capacidad de consumo interno.
El plátano de rechazo, producido en la zona de El Carmen y Santo Domingo, carece de acceso a mercados transcontinentales y, en épocas de bajo precio (que no es el caso actual), hasta el 34,5 % de su venta va a Colombia. Es un producto de alto consumo fronterizo, pero el arancel del 30 % ocurre en una época de baja oferta (por enfermedades aún no controladas), por lo que la pérdida de ventas a Colombia hoy no es significativa. Para el camarón o el atún el impacto es mínimo, pues la exposición a Colombia es inferior al 1 % y 3 % de sus ventas globales, respectivamente.
En el ámbito logístico, el Carchi vive hoy una saturación temporal que dará paso a una subocupación de su flota pesada. Se estima que 60 de los 150 viajes diarios que cruzan Rumichaca hacia Colombia dejarán de operar, lo que equivale a 21.900 operaciones anuales menos. Cientos de cabezales quedarán ociosos, presionando a la baja los precios de los fletes.
Si el conflicto se prolonga, el principal riesgo es el crecimiento de la informalidad. Un diferencial de precios del 30 % incentivará el contrabando, desplazando al comercio legal. Además, la interrupción del suministro eléctrico desde Colombia añadirá costos a la industria ecuatoriana, que debe encender generación térmica, más cara. En lo político, el Gobierno parece resignado a perder popularidad por posibles racionamientos, salvo que Washington acuda en su rescate, presionando al presidente colombiano.
La solución no vendrá de subsidios estatales imposibles de pagar dado el déficit fiscal ecuatoriano, sino de negociaciones que restablezcan la integración comercial. Toca separar la agenda de seguridad nacional de los acuerdos de integración andina. Que la Comunidad Andina de Naciones medie para restaurar la fluidez comercial, proteger el empleo en las zonas afectadas y evitar que la regionalización geopolítica resulte en un retroceso de la integración económica regional. (O)
