Luego del fracaso del plan Fénix, el Gobierno hace una nueva propuesta para que países amigos cooperen en esta lucha agotadora contra el crimen organizado, que luce más fuerte que nunca, con cifras de asesinatos que superan, en lo que va del presente año, a todas las anteriores en la historia del crimen en nuestro suelo. Se comprende esa necesidad, pero hay que hacerlo con mucho cuidado para que no se vean afectados ni nuestra soberanía ni nuestros intereses.
Estoy pensando en las operaciones militares, navales, con fuego vivo, a realizarse con los Estados Unidos en las islas Galápagos y que causarán daño a tan preciado ecosistema. Al fin y al cabo, las Galápagos son Patrimonio de la Humanidad.
El Gobierno puede celebrar convenios de cooperación militar con otros países, de conformidad con la Constitución y con los dictámenes de la Corte Constitucional que ya se ha pronunciado anteriormente en ese sentido. Para hacerlo, no necesita, pues, de aprobación previa de la Asamblea Nacional, y esta no debería pronunciarse, pues su función es la de fiscalizar los actos del Ejecutivo, es decir, con posterioridad a los actos mismos; no antes, pues si no se estaría juzgando a sí misma, a lo ya hecho por ella misma.
Es otra cosa, en los convenios, tratados, que requieren de aprobación legislativa previa, y que llegan para el efecto a conocimiento de la Asamblea Nacional, luego de que la Corte Constitucional ha emitido su dictamen sobre la constitucionalidad de lo que el Ejecutivo le ha enviado para el efecto.
Y aquí viene lo delicado: el decidir a quiénes solicitar cooperación, pues muy pocos estarán interesados y en condiciones de hacerlo, y no se pueden abrir, tampoco, nuestras condiciones internas a más extraños.
El presidente de la República tiene presentado ante la Asamblea Nacional un proyecto de reforma constitucional para suprimir la prohibición de la instalación de bases militares extranjeras en nuestro territorio. Suponemos que el actual Gobierno está calculando en un retorno de los Estados Unidos a una base, como la de Manta, pero los propios Estados Unidos han dicho oficialmente que no están interesados en ello. Con las nuevas tecnologías, como la de drones, ya no las necesitan.
El que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pida a Ucrania que le pague lo que le debe por el financiamiento de la guerra contra Rusia debe disuadir a todos los países a poner en riesgo su soberanía invitando tropas extranjeras a operar en su patria. Así lo previno Maquiavelo a los gobernantes que quieren pelear con armas ajenas, y que terminan esclavizados a las potencias a los que ellos mismos invitaron a su territorio. En la alianza del fuerte con el débil, el segundo queda esclavizado.
Yo fui de los primeros que se opusieron a la instalación de la base de Manta a fines de los noventa, y si se revisan estadísticas, contradictoriamente, la delincuencia existente no disminuyó, y más bien, lo hizo cuando salió la base. (O)
Errata
En la versión original (digital e impresa) de esta columna se leía, en el segundo párrafo: “La fundación Charles Darwin ha advertido del peligro y pedido que se cancelen tales operaciones”. Algo que ha sido aclarado por la fundación, que indica que no había emitido dicho criterio y que la publicación que circuló en redes era falsa. Por ello, se ha quitado la oración del texto. El autor pide diculpas por el error. (I)
