Desde el año pasado, en la ONU se está desarrollando un proyecto de tratado internacional que determine, a más del genocidio y crímenes de guerra, la tipificación de otros delitos como de lesa humanidad, y el modo de prevenirlos y sancionarlos, porque a nivel mundial existen otros actos que también atentan contra la vida de grandes masas, generalmente las más desprotegidas.
En el borrador de dicho tratado se considera ya, como tales, al asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación ilegal u otra privación grave de libertad física; tortura, violación, esclavitud sexual; prostitución, embarazo y esterilización forzados, o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; persecución, desaparición forzada de personas; el apartheid; y, otros actos inhumanos. Entre estos últimos debieran incluirse el narcotráfico, la privación de servicios básicos a la población, así como de educación, vivienda, salud y seguridad, porque constituyen crímenes de lesa humanidad debido a que afectan a grandes conglomerados humanos, razón por la cual los Estados que permitan o faciliten su cometimiento debieran ser sometidos al juzgamiento de la Corte Internacional de Justicia. ¿Quiénes son los autores de estos delitos? Evidentemente, los funcionarios que distraen los fondos estatales, provinciales o municipales, así como los que cometen extorsión, enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión.
En nuestro país, las penas para este tipo de infracciones son demasiado indulgentes. Por ello, es muy sencillo para los que tienen alma de delincuente perpetrarlos y enfrentar una pena de hasta 16 años que, con las rebajas, podría quedar en una mínima parte, cuando no huyen del país, y al cabo de ese tiempo salir a disfrutar del dinero mal habido, convirtiéndose en los gusanos más ricos del cementerio, en detrimento de un 25 % de los ecuatorianos que viven en la miseria.
Es inadmisible lo que ocurre en Ecuador y en muchos Estados. Es hora de que la comunidad internacional reaccione y ponga coto a tanto desafuero, desigualdad e inequidad que existe entre los que mucha riqueza atesoran, de modo indebido y delictivo, y los que poco o nada tienen. Esto también se llama genocidio y debiera ser considerado y categorizado como delito de lesa humanidad. En la asamblea de la ONU se exhortó a que los Estados cooperen con sus pares para extraditar o enjuiciar a los perpetradores; y, a nivel nacional, para que brinden protección a víctimas y testigos, que garanticen un trato justo para los acusados y que se proporcionen asistencia jurídica mutua.
La participación de la sociedad civil en la concepción de este tratado no está descartada. Al contrario, existe una apertura para que cualquier ciudadano haga propuestas válidas a fin de que sean tomadas en cuenta para este proyecto, cuyo texto final aún está por definirse. Sería deseable que la Academia se interese y conforme un grupo de trabajo que redacte un proyecto susceptible de ser presentado en la Sexta Comisión de la ONU antes de que se cierre el tema.
No debemos conformarnos con solo adivinar cuántos millones de dólares atesoran estos criminales. ¡No más impunidad para los delitos de lesa humanidad! (O)
