En testimonio de lo efímero que es el poder –más aún cuando se abusa de él– la Corte Suprema de los Estados Unidos acaba de pulverizar uno de los ejes esenciales, sino el eje esencial, de la política del presidente Donald Trump. Tal como en su momento lo indiqué, y como lo advirtieron varias voces, la Corte declaró que sin una autorización expresa del Congreso, al Ejecutivo no le está permitido imponer aranceles. Una larga tradición que se remonta a los orígenes de la Revolución, llevó a los constituyentes en Filadelfia a asignarle al Congreso la facultad exclusiva de crear impuestos y, en general, manejar todo lo relativo a los ingresos y egresos federales.
La sentencia es, además, una reafirmación del principio de separación y balance de poderes, así como de la independencia judicial. El espíritu de Montesquieu sigue vivo, muy a pesar de algunos dictadores. Para Trump la elevación sustancial de los aranceles iba a reducir el déficit comercial –que en su errada visión es signo de debilidad económica de los Estados Unidos– y un repunte de las manufacturas con un impacto favorable en el trabajo. Nada de eso ha sucedido desde que se elevaron bruscamente los aranceles el pasado abril. Al contrario, el déficit comercial se ha incrementando (siendo Vietnam, México y Taiwán los principales beneficiarios) a niveles jamás vistos antes, y el sector manufacturero sigue igual. China es el único país que vio su superávit reducido, pero ello lo compensó con otras economías, al punto que ha salido indemne de la guerra comercial contra ella.
El abuso de los aranceles sirvió para otros propósitos. El uno fue socavar el régimen internacional del comercio libre que es visto como la raíz de todos los males, un régimen cuyo principal gestor fue curiosamente el propio Washington. El otro fue usar los aranceles como instrumento de coerción, para arrinconar y avasallar a terceros países, para premiarlos o castigarlos, según su alineación ideológica e inclusive según sus decisiones de política interna. Una amenaza arancelaria de la primera potencia comercial infunde temor a cualquier país; sin duda. Pero un poder así ejercido, sin legitimación alguna, deviene en abierta dominación.
La decisión de la Corte viene a los pocos días de la cónclave anual de Múnich sobre seguridad. A diferencia del año pasado, el mensaje de Washington esta vez fue más diplomático. Se necesitaba reparar el daño que causó la amenaza de tomarse Groenlandia. Pero al final no se percibió cambios de fondo. La confianza atlántica se ha evaporado, no hay retorno.
No hubo ni una sola mención, menos una condena, a la más grave amenaza que sufre hoy Europa por la brutal agresión rusa a Ucrania. Ayer se cumplieron cuatro años de la invasión. Mientras Stalin logró llegar a Berlín en menos de dos años, Putin lleva cuatro y solo ha logrado avanzar unos pocos kilómetros en territorio ucraniano. Su enfermiza obsesión de aniquilar esa nación ha provocado millones de víctimas, civiles en su mayoría. Ignorar esta tragedia, y tratar más bien de ayudar al agresor –al que no le interesa la paz– a que “salve su cara”, para luego ir a dar lecciones de civilización cristiana, no es la mejor manera de enfrentar al gigante que viene creciendo en el Pacífico.
Para ello se van a requerir aliados, no vasallos. (O)
