Preocupan las constantes quejas y reclamos que la prensa da a conocer respecto a la falta de medicamentos en los hospitales públicos, así como los diversos problemas sanitarios que, especialmente en esta época invernal, están generando un incremento de enfermedades respiratorias y digestivas, entre otras.
En cuanto al desabastecimiento de medicamentos, considero indispensable la implementación de la receta electrónica. Bajo este sistema, el paciente podría acudir a la farmacia más cercana a su domicilio para retirar su medicación, una vez que la receta haya sido enviada directamente desde el centro de salud u hospital a farmacias previamente registradas. Esto permitiría evitar el manoseo, las adulteraciones y múltiples irregularidades que hoy afectan la adquisición de medicamentos en el sector público. Para ello, el Estado debería establecer convenios con las principales empresas farmacéuticas del país y definir mecanismos claros y sostenibles de financiamiento.
Asimismo, es fundamental fortalecer los centros de salud de atención primaria y construir nuevos establecimientos de acuerdo con el crecimiento poblacional y la densidad demográfica de las principales ciudades. No debe olvidarse que los hospitales no están concebidos para brindar atención primaria, sino para recibir derivaciones conforme a su nivel de complejidad, todo ello en adecuada coordinación con los distintos subsistemas de salud del país.
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Para mejorar la atención y ofrecer servicios de calidad, con altos estándares tecnológicos y académicos, se debe considerar la concesión de los principales hospitales públicos a empresas con experiencia, sean nacionales o extranjeras, mediante concursos transparentes y con la presencia reguladora del Estado. Un hospital bien gestionado puede ser autosustentable y generar recursos propios a través de la docencia, la investigación y el desarrollo farmacológico.
Es igualmente prioritario insistir en el aseguramiento universal, especialmente para ese 65 % de la población que actualmente carece de seguro médico. Esto evitaría que los ciudadanos tengan que mendigar atención fuera de los hospitales públicos y les permitiría, mediante dicho seguro, acceder a centros privados.
Por su parte, el Estado debe fortalecer la prevención como eje central de las políticas públicas en salud. Esto implica trabajar de manera coordinada con los GAD, especialmente en temas de medioambiente, manejo de desechos y recolección de basura conforme a las normas sanitarias vigentes; garantizar el acceso universal al agua potable, en particular en las zonas rurales; mantener la limpieza y el dragado de ríos y afluentes; asegurar un adecuado alcantarillado sanitario y un manejo correcto de letrinas, fundamentales para prevenir la contaminación ambiental y la proliferación de enfermedades en comunidades que carecen de alcantarillado. Todo ello impacta directamente en la mejora de la salud, sobre todo en zonas con altos índices de desnutrición.
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Debe también considerarse el rescate del estero Salado como ejemplo de intervención ambiental, así como la continuidad y fortalecimiento de los semáforos nutricionales, ampliando los controles sobre metales pesados, sustancias carcinogénicas y otros compuestos deletéreos, especialmente en productos bebibles, procesados y cárnicos.
Hay mucho por hacer en materia de salud, y no todo se reduce a la simple provisión de medicamentos. La problemática de la salud pública es mucho más compleja. (O)
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Antonio Martínez González, cirujano general, Guayaquil
