Los niveles de empleo adecuado en el Ecuador han visto mejoría en los últimos dos años, ubicándose al cierre del 2025 en 37 %, esto quiere decir que 37 de cada 100 ecuatorianos trabajan al menos 40 horas a la semana y ganan al menos el equivalente al salario básico unificado, siendo los grupos más afectados en términos de acceso laboral, las mujeres y los jóvenes; de ahí el desafío al que se enfrenta la economía en generar la suficiente cantidad de empleos para absorber esa mano de obra que crece todos los años. Pero, no es una tarea que solo sea obligación del Estado, ni tampoco de las empresas en colaborar en la creación de puestos de trabajo, sino también de la academia, reflejada tanto en universidades como institutos; pues cada vez más es necesaria una profunda y estrecha colaboración entre las instituciones de educación superior (IES) y el sector productivo de cara a preparar en lo formal (carreras) y no formal (capacitaciones y certificaciones) a jóvenes que desean adquirir herramientas, habilidades, destrezas y conocimientos para estar preparados para este mundo tan competitivo.

Debe existir coherencia, coordinación y pertinencia en las carreras que se elaboran para que atiendan las necesidades de los territorios y de las empresas que ahí se asienten; en aras de avanzar en aquello, recientemente se aprobó la Ley Orgánica para la Reactivación Económica a través del Fortalecimiento de la Vinculación del Sector Económico Productivo con la Educación, o más conocida como ley de formación dual; esta norma busca brindar un marco pertinente para la colaboración interinstitucional entre las IES y las empresas, buscando promover la empleabilidad y la inserción laboral de los estudiantes, contribuir al mejoramiento continuo de los procesos del sector económico productivo a través de la incorporación progresiva y permanente de talento humano calificado, así como también fomentar la investigación, innovación, la transferencia de conocimientos y el aprendizaje mutuo entre la academia y las organizaciones del sector económico productivo, para así reducir brechas en zonas urbanas y rurales, así como también de género, discapacidad y otras condiciones de vulnerabilidad, pero en especial, promover e institucionalizar la formación dual como un modelo educativo pertinente y acorde con las necesidades actuales del mercado laboral. De ahí, que será fundamental que las distintas colaboraciones que pueden existir en el futuro en este ámbito se cristalicen para que así cada vez más jóvenes tengan oportunidades reales de empleo a través de procesos de enseñanza-aprendizaje ligados a las necesidades específicas que tienen las organizaciones; es menester que en ese sentido, más allá de los incentivos administrativos, financieros y otros que establece la ley para todos aquellos actores en los procesos de formación dual, sea una alternativa creíble y realizable. Hay que observar los diversos modelos de formación dual existentes en el mundo, especialmente Alemania, donde surge como un camino que ha permitido la inserción laboral de los jóvenes por medio de procesos teóricos-prácticos desde el inicio de sus clases, logrando que la vinculación con las empresas se cristalice y se entienda de mejor manera. En ese país, las empresas están vinculadas, porque saben que más allá de brindar mejores condiciones y resultados empresariales, es la sociedad en su conjunto la que gana; por ello, será fundamental que en el país entendamos, especialmente el sector empresarial, que con leyes como esta, ganan todos; reflejado en un joven que accede a aprendizaje y empleo, una empresa que necesita soluciones acordes con su realidad, y un país que verá cómo florece su economía generando las condiciones de bienestar que se esperan. Avancemos hacia la consecución de tan importantes propósitos para salir adelante. (O)

Jorge Calderón Salazar, académico y analista económico, Guayaquil