Entre la urgencia política y el hábito que el país no logra cambiar

En medio de crisis sucesivas de seguridad, economía, institucionalidad y confianza pública, el Ecuador suele mirar hacia el poder político en busca de respuestas inmediatas. Cambian los Gobiernos, se reforman leyes, se anuncian planes y emergencias, pero el resultado final parece repetirse: avances parciales, retrocesos rápidos y una sensación colectiva de frustración. Frente a este ciclo, Osvaldo Hurtado Larrea ofreció hace años una advertencia incómoda pero vigente: los problemas del país no se explican solo por sus Gobiernos, sino por sus costumbres.

En las costumbres de los ecuatorianos, Hurtado identifica patrones profundamente arraigados: la improvisación, el cortoplacismo, la desconfianza mutua, la tendencia a delegar responsabilidades y la débil cultura del cumplimiento. Hoy, en plena discusión sobre seguridad, reformas fiscales o gobernabilidad, estos rasgos reaparecen con claridad. Exigimos soluciones inmediatas, pero toleramos prácticas cotidianas que las debilitan.

Durante demasiado tiempo hemos tratado estos comportamientos como rasgos casi naturales del “ser ecuatoriano”, cuando en realidad funcionan como hábitos colectivos aprendidos. No nacemos desconfiados de la ley ni renuentes a las normas; aprendemos a serlo cuando observamos instituciones inconsistentes, sanciones selectivas y discursos que no se traducen en ejemplo. La cultura, al final, no es un concepto abstracto: es un hábito repetido en la comunidad.

Aquí es donde la coyuntura política revela su límite. Ninguna política pública, por urgente o necesaria que sea, puede sostenerse si choca permanentemente con hábitos sociales que la contradicen. Combatir la inseguridad requiere no solo fuerza y leyes, sino una cultura cotidiana de legalidad. Reactivar la economía exige no solo incentivos, sino confianza y previsibilidad. Fortalecer la democracia demanda más que elecciones: requiere hábitos cívicos de responsabilidad, cumplimiento y participación informada.

El error histórico ha sido intentar corregir estos problemas desde la sanción o el discurso moral, sin modificar las condiciones que reproducen los hábitos. Criticamos la informalidad, pero diseñamos sistemas complejos que la incentivan. Reclamamos eficiencia estatal, pero normalizamos la improvisación. Exigimos ética pública, pero toleramos atajos privados cuando “nos conviene”.

La psicología del comportamiento es clara: todo hábito individual o colectivo responde a una estructura. Cambiarlo exige método, constancia y coherencia. Esto aplica tanto a una persona que intenta dejar la procrastinación como a un Estado que busca fortalecer sus instituciones.

Cambiar las costumbres de un país no requiere líderes heroicos ni promesas grandilocuentes, sino coherencia sostenida entre educación, normas y ejemplo público.

Hurtado no escribió para desmoralizar al país, sino para obligarlo a mirarse al espejo. Hoy, en un momento crítico, la pregunta no es si su diagnóstico sigue siendo válido, sino si estamos dispuestos a asumir que, sin cambiar los hábitos que nos habitan, ninguna coyuntura política será suficiente. Porque las costumbres no son destino: son aprendizaje social. Y todo lo aprendido, incluso como país, puede desaprenderse y reconstruirse. (O)

Jorge Ortiz Merchán, máster en Economía y Políticas Públicas, Durán