En varios países de América Latina, donde la delincuencia organizada se ha infiltrado en la política y casi todas las instituciones públicas y privadas del Estado, las intimidaciones o entregas de estímulos para que los ciudadanos de las zonas donde tienen mayor injerencia voten por candidaturas afines a sus propósitos delictivos, ha sido una práctica efectiva. Por la forma directa y violenta en la que se realizan estas acciones, no existen evidencias documentales que demuestren lo manifestado, pero los resultados de las elecciones del 9 de febrero demuestran que la injerencia en las votaciones es un riesgo que debe ser analizado seriamente por las autoridades electorales para mitigarlo con controles, por ejemplo, mediante la prohibición del ingreso de celulares por parte de los electores.
Es posible que estas mismas organizaciones delincuenciales promuevan el incremento de muertes violentas, atentados y otros delitos que generan pánico en el electorado para inducirles a votar por quienes proponen soluciones demagógicas sin un plan creíble de acción. La suspensión de servicios básicos también estará en la mira de quienes quieren mantener privilegios en empresas públicas clave con el mismo propósito de crear confusión en el electorado, por lo que es indispensable que las autoridades competentes realicen trabajo de inteligencia y reacción oportuna para contrarrestar estos riesgos.
Los ecuatorianos debemos decidir si queremos que la delincuencia organizada gobierne nuestro país, o que exista la posibilidad de contar con un gobierno que promueva el desarrollo con libertad, para lo que se debe garantizar elecciones transparentes y sin injerencias. (O)
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Mario Andrade Trujillo, Quito
