No creo que Odebrecht, Seguros Sucre y Petroecuador sean las únicas empresas que se encuentran bajo sospecha de que sobornaron a contralores en actos de corrupción. Sin duda son muchas las personas que sobornaron para desvanecer sus responsabilidades en la Contraloría. Tampoco es creíble que los contralores involucrados actuaron sin la complicidad de otros servidores para desvanecer las responsabilidades.
La ciudadanía no conoce los planes y las acciones que el actual contralor ha impulsado para sanear la institución que fue contaminada por autoridades y otros servidores corruptos que deben ser investigados utilizando técnicas de auditoría forense. Además, para prevenir riesgos de nuevas irregularidades, el contralor debe constituir a la Contraloría el ejemplo para todo el sector público en la implementación del control interno que se fundamenta en la ética y la competencia del personal, la evaluación de los riesgos para mitigar sus causas mediante políticas, procesos y procedimientos que promuevan la eficiencia y la transparencia.
En la Contraloría los procesos de mayor exposición al fraude son los de auditoría y el establecimiento de responsabilidades, por lo que el contralor debe establecer controles, preferentemente automatizados, que aseguren la verificación de los cambios realizados en los resultados de las auditorías y la identificación oportuna de quienes provocan caducidad de las responsabilidades. El contralor también debería disponer el seguimiento de las responsabilidades que quedan sin efecto en los juzgados de lo contencioso administrativo, para comunicar a las autoridades competentes las decisiones de los jueces que deberían ser investigadas. Sin embargo, en estos juzgados también existen riesgos de irregularidades como los recientes casos de corrupción judicial que se investigan. (O)
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Mario Andrade Trujillo, Quito