Cada vez se vuelve más necesario tomar conciencia sobre la importancia de cuidar los recursos naturales, de los que depende la vida en el planeta Tierra. Uno de esos recursos es el agua. Cuánto se consume, cuánto se desperdicia, cómo se preserva libre de contaminación o cómo se realiza el saneamiento de las aguas utilizadas son temas que le atañen a la población, por lo que debe promoverse su debate.
El Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de las Naciones Unidas, en 2006, recomendó a los países adoptar un enfoque integrado de la gestión del agua, dada la importancia de este elemento y su estrecha relación con el desarrollo socioeconómico. Y en 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al abastecimiento de agua y al saneamiento.
En la Constitución del Ecuador, los artículos 12 y 14 refieren que el agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, esencial para la vida, y se reconoce el derecho de los ecuatorianos a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Con corte al 2019, indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos sobre acceso al agua en Ecuador señalan que el 68 % de la población dispone de agua segura en los puntos de consumo. Al respecto deben intensificar acciones los municipios, entes encargados de dotar del servicio de agua potable, de depurar las aguas residuales y del saneamiento ambiental, entre otras competencias.
En relación con el saneamiento, cabe difundir información sobre la contaminación que se causa por las aguas servidas que van a parar a los ríos y estuarios sin el debido tratamiento. El secretario técnico de Fondagua, que trabaja en la conservación de la cuenca del río Daule que abastece a una tercera parte de la población nacional, dice que más del 90 % de los municipios no tratan sus aguas servidas.
Siendo probados los beneficios que se producen al recolectar y tratar las aguas residuales, cabe exigir que se redoblen esfuerzos para ir en esa dirección. (O)
