No solo los Estados quiebran, también lo hacen las empresas y más preocupante aún, las personas. En el último mes hemos experimentado la quiebra de nuestro sistema social, que por consecuencia ha producido el colapso de nuestro sistema político.
Ecuador, al igual que muchos otros países, no estaba preparado para atender las necesidades que se suscitaron a partir del brote del COVID-19. Algo que nos ha perjudicado especialmente es que, a diferencia de otros, nuestra caja de ahorros estatal había sido desfalcada años atrás y, por lo tanto, manejar una crisis sanitaria sin recursos complica profundamente la situación.
El malestar de la sociedad no puede esconderse y no hay ninguna ayuda estatal que acabe con la tristeza de quienes han perdido familiares a causa de la pandemia. Además de las pérdidas irreparables, se vive otro tipo de crisis, la económica, que acecha día tras días a pequeños, medianos y grandes empresarios, que ven como inevitable la quiebra.
En un país donde no hay flexibilidad laboral, quebrar no es una opción, es una certeza. Empresas que mantienen a un sinnúmero de familias continuamente nadan contracorriente para tratar de descifrar cómo obtener fondos para cumplir con las obligaciones contractuales, que, de paso, son absolutamente rígidas. Se conoce que muchas empresas han tenido ya que recurrir a despidos, reducción de jornadas laborales, y quienes tienen la opción, con suerte han podido migrar sus sistemas de ventas a plataformas digitales. Ahora, ante este escenario tan oscuro, ¿qué ha hecho el Gobierno?
Para quienes defienden las democracias, el respeto al Estado de derecho, esto quiere decir convivir en una sociedad donde los poderes tienen límites y las libertades individuales son respetadas, lo mínimo que se esperaría es que los gobiernos asumen una actitud de respaldo a los ciudadanos, que en definitiva son el verdadero motor del Estado, en términos económicos y sociales.
En Ecuador esto no se ha puesto en práctica. No sucedió en el Gobierno anterior, no sucede en el actual. El gobierno del presidente Moreno, mal asesorado seguramente, ha considerado que ante la crisis económica, lo más óptimo es castigar a los ciudadanos mediante nuevos tributos o, como ellos lo llaman, “aportaciones humanitarias”. No solo que esta decisión no es coherente con la realidad, sino que carece de lógica, porque los ciudadanos más que nunca tienen una mínima capacidad de subsistencia, ni se diga de ahorro. El afectado en esta crisis sanitaria es el ciudadano y, aun así, son los ciudadanos los que deben ayudar al Estado, cuando aunque sea una vez en la vida, el Estado es el que debería de devolver todo lo que los ciudadanos han invertido en él, mediante aportaciones al IESS de las personas económicamente activas, por medio de los impuestos que mensual y anualmente se pagan y un sinnúmero de asistencias más a las que se someten por vivir en sociedad.
Este Gobierno no solo carece de simpatía, también de conocimiento sobre creación de políticas públicas. Hoy no solo quiebran empresas, se han quebrado los pilares más fundamentales sobre los que ya tambaleaba la democracia ecuatoriana. Este artículo es un homenaje a quienes hoy quiebran, porque sabemos que a pesar de la indefensión, han sido los motores de producción de nuestro país.
(O)
