Cuando una familia unida enfrenta una crisis económica, los padres e hijos realizan sacrificios para superar los desafíos financieros. Tanto padres como hijos buscan contribuir a la familia con nuevas fuentes de ingresos y un manejo eficiente de sus gastos. No sirve de nada el trabajo y la austeridad de los padres, si los hijos mantienen un gasto poco austero. De igual manera, cuando un país atraviesa una severa crisis como la actual, se requiere del esfuerzo de todas las entidades que conforman la estructura del Estado y no exclusivamente de la Administración Central.

La Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas es uno de los dos proyectos económicos urgentes enviados por el presidente a la Asamblea Nacional. Este proyecto de ley busca solucionar los problemas de fondo de las finanzas públicas de nuestro país, como el incremento irresponsable del gasto y el excesivo endeudamiento estatal. Por ello, el proyecto propone la aplicación de reglas fiscales a partir de 2023 para todas las entidades del Sector Público No Financiero (SPNF), el cual incluye el Estado central, los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), empresas estatales y entidades de la seguridad social.

Actualmente, un gran número de países de los cinco continentes aplican reglas fiscales con el objetivo de fortalecer sus finanzas públicas. Estas reglas tienen como propósito controlar los egresos permanentes, el crecimiento del gasto, el endeudamiento público y el resultado primario del Gobierno. Su aplicación no es parte de una agenda ideológica sino, más bien, estas reglas tienen propósitos llenos de sentido común. En pocas palabras, permiten al Estado generar ahorro público, tener acceso a fuentes de financiamiento y atender a los más necesitados en periodos de crisis.

El proyecto de ley tiene varios aspectos positivos. Permite la contratación de mecanismos, como una cobertura petrolera que garantice un ingreso estable derivado de la comercialización del crudo ecuatoriano. Además, se mantiene el fondo de estabilización fiscal, que garantizará la sostenibilidad de las finanzas públicas y las inversiones en educación y salud. Asimismo, la nueva regla de deuda es un indicador con amplia cobertura de los pasivos públicos (endeudamiento y otras obligaciones), debido a que sí considera los pagos pendientes a proveedores, preventas petroleras y certificados de Tesorería. Diferencias relevantes en comparación al indicador de endeudamiento utilizado por el Gobierno anterior.

Más importante aún, las reglas fiscales son flexibles y sensibles a la realidad económica y social del país por tres razones principales: Primero, permiten atender la emergencia sanitaria actual sin restricciones, ya que estas reglas entrarían en vigencia a partir de 2023. Segundo, se admite la suspensión de estas reglas hasta por dos años en caso de estado de excepción o recesión económica grave. Finalmente, las reglas respetan el mandato constitucional de incrementos anuales de 0,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) en las inversiones para educación y salud hasta alcanzar al menos el 6 % y 4 % del PIB, respectivamente.

El proyecto es perfectible. Debería garantizar la autonomía de los GAD y de la seguridad social, aclarando que la aplicación de estas reglas siempre respetará los fondos y competencias de estas entidades. Además, es fundamental establecer un nuevo límite de la deuda respecto al PIB a partir de 2022, cuando la exención del límite de endeudamiento público concluya en 2021. También se podría duplicar la representación de los GAD, seguridad social y de la sociedad civil en el Comité Nacional de Coordinación Fiscal, a fin de determinar las metas sectoriales de forma técnica e imparcial. Por último, varios asambleístas han sugerido eliminar la suspensión de transferencias a las entidades públicas en caso de incumplimiento de objetivos fiscales, la cual podría reemplazarse por comunicaciones emitidas por el Ministerio de Finanzas que soliciten medidas correctivas.

Lamentablemente, ciertos asambleístas pretenden limitar la aplicación de estas reglas fiscales exclusivamente para la Administración Central, excluyendo a las demás entidades que conforman el SPNF. Tal vez estos asambleístas se olvidaron de que el Estado central realizó transferencias en 2019 por alrededor $3447 millones a los GAD y por $2000 millones a la seguridad social.

Retomando el ejemplo inicial de una familia en crisis: Los asambleístas deben comprender la necesidad de exigir austeridad y eficiencia en todas las entidades del Sector Público No Financiero, respetando los principios constitucionales de igualdad, transparencia y legalidad. Señores asambleístas, ustedes elijan, implementar reglas fiscales o continuar con la farra estatal. (O)