Puñado bastante grande, USD 2 mil millones, levanta el Gobierno mediante dos colocaciones de bonos en el mercado internacional. A algunos que se supone anticipamos los movimientos económicos, nos tomó por sorpresa.

La sorpresa viene porque voceros del FMI habían indicado que en el trienio de duración del acuerdo con el Fondo, que viene acompañado de USD 10 mil millones en créditos, Ecuador no tendría que recurrir a los mercados financieros internacionales. Por lo cual supusimos que el Fondo solo autorizaría una emisión, luego de que el Gobierno hubiese hecho todo el esfuerzo imaginable para enderezar sus cuentas.

Pero no, ya a los seis meses del programa, hacemos una fuerte colocación, aparentemente con la venia del Fondo, que dice que lo único en que estamos atrasados es en el envío de la reforma tributaria y otros proyectos de ley a la Asamblea, lo que se hará mañana.

Pero los bonos son evidencia de que no cumplimos a cabalidad con el programa acordado.

El más evidente de los incumplimientos: se propuso el Gobierno que este año entregaría la operación de al menos una empresa pública a una empresa extranjera, que haría un pago de entrada calculado en unos USD 860 millones.

Encargado de impulsar el proyecto estaba el consejero presidencial Santiago Cuesta, quien encontró que las empresas públicas no tienen balances auditados, y solo llevan lo que calificó de “cuentas de cocinera”, lo que frenaba a los interesados. Además no estaba claro bajo qué figura legal podía hacerse la transacción, con una Constitución estatizante (por eso el programa le asigna el enigmático nombre de “monetización de activos”). Recién se está haciendo un avalúo de las empresas, Cuesta ya no está en el Gobierno, y su cargo, abolido. Ese es el primer incumplimiento de 2019, que hay dudas que se cumpla ni aún en 2020.

En cuanto al recorte del gasto, el rol de pagos del sector público debía reducirse en $653 millones en 2019; con la primera revisión del programa, el Fondo aceptó moderar esta meta, y se circunscribió a solo $260 millones. En el primer semestre, solo bajamos $97 millones.

Es aquí donde debe hacerse el mayor ajuste, ya que el rol de pagos del sector público se ha triplicado desde que subió Correa. Un aumento de USD 7.500 millones: de USD 3.200 en 2006 a USD10.700 millones en 2018. Si el rol de pagos solo se hubiera duplicado, no habría problema fiscal.

En lugar de subirnos impuestos para pagar ese monstruoso incremento en sueldos, lo primero debe ser bajar ese rol de pagos. ¿Acaso se han triplicado los servicios para la ciudadanía?

Se está posponiendo resolver el problema. Las autoridades económicas tienen las ideas claras, pero se estrellan con la resistencia de la burocracia, quien es la que realmente gobierna, y que se ampara en normas y reglamentos para frenar a los ministros. Esto solo se puede romper con voluntad política, de emplearse a fondo. El presidente debe apoyar de manera más decidida la acción de sus ministros, y saber dirimir cuando se presentan las normales discrepancias entre ellos.

De lo contrario, llegará un nuevo gobierno, en 2021, tras un quinquenio de estancamiento económico, y con todo el ajuste por hacer. (O)