La Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), organismo creado por la ONU a solicitud de Guatemala, durante doce años investigó en ese país a más de 1.540 personas por corrupción, llevó a la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, acusados de defraudación aduanera por unos 65 millones de dólares, investigó también el financiamiento ilegal del partido político que llevó al poder al actual presidente de ese país, Jimmy Morales, y logró la desarticulación de estructuras del crimen organizado integradas por funcionarios públicos, legisladores, jueces, empresarios y civiles, llevándolos ante los tribunales.
Pese a tan eficiente trabajo contra la impunidad y contando la Cicig con la aprobación del 72% de los guatemaltecos, el actual mandatario ordenó la expulsión de la comisión alegando que esta se extralimitó en sus funciones, luego de que un hijo y el hermano de Morales fueran implicados en casos de corrupción y lavado de dinero.
Cuando el Poder Judicial se pone al servicio de quienes tienen prácticas corruptas o las solapan, estorba la asistencia de un organismo externo que coloca a todos por igual ante la ley. (O)
