Como van las cosas, un buen día podríamos enterarnos de que los habitantes de Posorja han resuelto que, en defensa de las jaibas y delfines, el puerto de aguas profundas no reciba naves sino de 8.000 TEUS, a pesar de que está diseñado para recibir el doble. Los habitantes del cantón Esmeraldas, hartos del impacto que causa la refinería en el medio ambiente, podrían resolver que sus instalaciones se cierren y se vayan a otra parte del país. Los de Cañar podrían resolver que en su provincia se permita explotar únicamente cobre; mientras que los de Chimborazo solo litio. Nada les impediría a los habitantes del cantón Nabón en Azuay resolver que ellos están a favor de la explotación de todos los metales que allí se encuentren; mientras que los de Girón dirán que ellos están en contra de toda minería; y los de Gualaceo podrán decidir que en el suyo solo se explote magnesio. Los habitantes de Santa Elena bien podrían resolver que en su territorio no se siembre banano por el impacto que ello trae en el suministro de agua. Los de Zamora Chinchipe podrían decidir que en su territorio únicamente se extraiga gas natural (si es que alguien lo encuentra…); mientas que los de Morona Santiago podrían resolver que solo se explote crudo pesado pero no gas natural. Los habitantes de La Concordia podrían, así mismo, resolver que, para proteger la fauna, por su territorio pasen solo carreteras de dos carriles; mientras que los del cantón vecino podrían decir que para promover el turismo, solo pasen carreteras de seis carriles. Una tribu de indígenas no contactados que al parecer transita por Pastaza –y a los que está prohibido acercárseles– podría resolver que como no fueron consultados, deberían declararse nulas todas las concesiones petroleras, mientras otra tribu vecina podría resolver lo contrario.
Pero hay más. Nada impide que luego de un tiempo todos estos habitantes cambien de opinión; algo totalmente legítimo. Y, así, podríamos tener la noticia de que los habitantes de Girón ahora sí quieren la minería, pero no los de Chimborazo; y los de Zamora podrían resolver ahora que no se permita la explotación de gas pero sí la de crudo, pero solo si es liviano; mientras que los de Posorja podrían ahora exigir que se cierre el puerto. Más aún, los descendientes de las tribus mencionadas podrían luego resolver algo diferente a lo que resolvieron sus padres, etcétera.
Este panorama no es exagerado. Los últimos hechos lo demuestran. A pesar de que las leyes aprobadas por el Poder Legislativo, incluyendo las de protección ambiental, se supone que son la expresión de la voluntad general, y la Constitución ha asignado competencias exclusivas al Gobierno central en materia tales como minería e hidrocarburos, lo cierto es que cada tribu, cantón o provincia podría adoptar las suyas y cambiarlas con el tiempo. Hay seguramente quienes festejen esta balcanización como expresión de nuestra diversidad. Pero es simplemente la muestra de una nación sin rumbo, sin una visión de futuro. (O)